Nuevos desplazamientos en Tarazá (Antioquia): 16 personas huyeron después de recibir amenazas

Los desplazamientos en Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño no paran. Este 30 de marzo, 16 civiles que habitaban exactamente en la vereda La Cabaña, en La Caucana, corregimiento adscrito al mencionado municipio, huyeron de su territorio después de recibir múltiples y violentas amenazas por parte de grupos armados ilegales. Según indican las autoridades, las víctimas serían funcionarios de la alcaldía local y sus núcleos familiares.

Entre los amedrantados hay un líder social de La Cabaña, a quién en días pasados los subversivos asesinaron a un familiar. Ante el hecho, sus allegados pidieron trasladarse a un lugar donde estén más seguros, tal como lo hicieron hoy.

“Fue asesinado y decapitado un joven familiar de estas personas. Lo bajaron de la moto e incineraron el vehículo. Uno de los integrantes del núcleo familiar hace parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Cabaña”, contó Deivinson Montero, secretario de Gobierno de Tarazá, a RCN Radio.

Incluso, este mismo funcionario está amenazado. Montero cuenta que las advertencias se las han hecho llegar por parte de terceros, por lo que en estos momentos cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por el Estado.

“Yo he sido amenazado en varias ocasiones. Me acompaña un muchacho de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero los movimientos los hacemos en el casco urbano y en moto. A mí siempre me han llegado amenazas directas de Los Caparros”, reveló Montero.

Cabe mencionar que el pasado 23 de marzo, la organización Proceso Social de Garantías dio a conocer que otros dos activistas de Tarazá también huyeron del municipio porque estaban amenazados. Entre los líderes en riesgo está el presidente de la JAC de La Caucana.

“A dos líderes, por amenazas, les tocó desplazarse con todos sus núcleos familiares de manera forzada a otras zonas del país. Esto obedece al control territorial y a la disputa entre las AGC y ‘Los Caparros’ que quieren someter a la población y, en cierto grado, lo han logrado. Es una situación sobre-diagnosticada en la alerta temprana 045 con 23 oficios de consumación de riesgo”, denunció en esa oportunidad Óscar Yesid Zapata, vocero de Proceso Social de Garantías.

Las autoridades de Tarazá detallaron que, en el caso del presidente de la JAC, este salió del municipio el lunes 22 de marzo. La alcaldía local envió un vehículo hasta la vereda La Caucana para hacer la evacuación humanitaria del líder social y su familia.

“Él había venido recibiendo amenazas y ya le dijeron que iban a atentar contra su vida y la de sus familiares, por tal razón tuvo que abandonar el lugar junto a nueve personas. Una vez llegan al municipio, se reactiva la ruta con Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia”, dijo Ferney Álvarez, alcalde de Tarazá, a Caracol Radio.

Mientras esto sucedía, en otro punto del municipio tres personas fueron asesinadas por grupos ilegales al margen de la ley. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que la mayoría de los homicidios en el departamento ocurren en zonas rurales, lo que dificulta su investigación. Adicionalmente, el funcionario se refirió al Gobierno nacional para solicitarle que ordene mayor presencia del Ejército en esa zona.

La situación en la zona del Bajo Cauca antioqueño es crítica, pues en lo que va corrido de 2021 se han reportado más ataques en contra de la población. Según las autoridades, en la subregión hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el ‘Clan del Golfo’, el grupo narcoparamilitar ‘Los Caparros’, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Ellos se disputan el territorio porque el noroccidente antioqueño es un corredor estratégico para desarrollar actividades relacionadas al narcotráfico.

Las comunidades que habitan en este sector son víctimas de diferentes modalidades de violencia. Algunos de estos son ataques indiscriminados, en los que corren riesgo tanto los adultos como los menores de edad. Estas personas están expuestas a caer en el reclutamiento forzado, trabajos comunitarios obligatorios y ser víctimas de extorsiones. En ocasiones, los pueblos también son sometidos a confinamientos y tienen limitaciones en el acceso a los servicios básicos.

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