Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la frontera con Venezuela

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, instaló el pasado domingo 28 de marzo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Arauca, para trabajar con las autoridades locales tras decretar la “calamidad pública” ante la llegada al país de casi 5.000 migrantes venezolanos, que huyen de su tras los recientes enfrentamientos de las Farc contra las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera.

Ante esto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que asegura que la institución se encuentra haciéndole seguimiento a la situación en Arauquita. De acuerdo con la información, funcionarios de la institución se encuentran recorriendo la zona y haciendo entrevistas pertinentes para determinar “las razones que motivan la migración tanto en los albergues destinados para la atención de la población en migración forzada”, explica el documento.

Incluso, la Defensoría afirma que escuchó relatos de ataques “indiscriminados” a la población civil con el uso de armas explosivas para bombardeos, saqueos, destrucción de bienes de los afectados, disparos en contra, amenazas y hostigamientos. “Varias de las familias entrevistadas señalaron que el incendio de sus viviendas sería producto de bombardeos adelantados por la Fuerza Nacional Bolivariana”, dicta el reporte.

La población migrante en Colombia recibió una invitación para regresar del Gobierno venezolano. Sin embargo, las personas no piensan volver a su país de origen por la falta de garantías en derechos humanos que existen. La entidad afirma que algunos sí regresan a Venezuela, pero solo con el fin de retirar más pertenencias del país en su migración a Colombia.

La Defensoría contó concentradas, de acuerdo con el último reporte del Puesto de Mando Unificado, 4.741 personas. Entre ellas, existen aproximadamente 1.427 familias, 1.441 hombres, 1.164 mujeres, 213 adultos mayores, 1.787 menores de edad, 17 mujeres gestantes, 119 mujeres lactantes, siendo la mayoría de origen venezolano y algunos de nacionalidad colombiana. Además, se reportaron 39 familias indígenas del pueblo indígena Makaguan en situación de desplazamiento.

“Para la Defensoría del Pueblo es fundamental poner de manifiesto la gravedad de esta crisis humanitaria que lleva hasta el día de hoy cerca de cinco mil personas forzadas a migrar, de las cuales más del 50% son niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, y adultos mayores”, indicó.

Además, la entidad denunció que se trata de violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) dentro de las operaciones militares del Gobierno del vecino país. “Según la información recaudada, la violencia que genera esta migración se enmarca en hechos constitutivos de graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, configuradas por operaciones militares que atentan contra los principios de distinción y proporcionalidad por cuanto se habrían dirigido contra la población civil, generando un alto número de bienes y personas civiles gravemente afectadas”, aseveró la comunicación de la entidad colombiana.

Además, la institución en cabeza de Carlos Camargo le solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que tomen conocimiento de la situación de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela y lo propio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en relación con la aplicación de las normas del DIH”, finalizó.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado, el pasado 25 de marzo, para que el Estado adoptara “las medidas necesarias para responder a esta emergencia humanitaria, que supera la capacidad de atención del municipio de Arauquita, Arauca”.

En ese momento el Ministerio Público pidió las garantías de atención humanitaria a las personas desplazadas en especial las relacionadas con albergue, alimentación y salud y pidió que se revisaran medidas de fondo especialmente aquellas relacionadas con el tema de seguridad.

El pasado martes, la Procuraduría emitió un comunicado en el que afirma que, solicitará al Gobierno nacional que se acuda ante instancias internacionales con el fin de “pedir su participación, veeduría y acompañamiento, en el sentido de garantizar que desde el vecino país se observen las normas del Derecho Internacional Humanitario que ponen de presente que por encima de cualquier enfrentamiento deben estar los derechos fundamentales de la población civil”.

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