Piden retirar de la JEP a dos generales involucrados en la toma del Palacio de Justicia

Por medio de una carta enviada a finales del año pasado y que regresó al ojo público este martes 30 de marzo, los familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia solicitaron a Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se retire de la justicia transicional a los generales Iván Ramírez Quintero y Jesús Armando Arias Cabrales, quienes están involucrados en la desaparición de personas en el hecho que aconteció el 6 de noviembre de 1985.

No sobra recordar que por esa época, Quintero estaba a cargo del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Ejército, por lo que fue vinculado al caso en 2009, cuando tuvo que responder por la desaparición forzada de once personas. Aunque fue a juicio, nunca pagó cárcel y de hecho fue absuelto por duda favorable en 2011, en un fallo que todavía no ha podido ser ratificado, pues pasó a segunda instancia.

Además, viene siendo investigado por la Fiscalía desde 2015 por las torturas ejecutadas contra los rehenes del Palacio de Justicia, por lo que se acercó a la JEP desde 2018 buscando que su caso sea llevado por ese sistema especial, que le permitió firmar acta de sometimiento en 2019.

Por el otro lado está Arias Cabrales, quien para la época de los hechos era el comandante de la Brigada XIII del Ejército. El mismo estaba privado de la libertad desde 2008 y fue condenado en 2011 por un juez de Bogotá a 35 años de cárcel por la desaparición de once personas. La decisión fue ratificada en 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá, que bajó el número de víctimas a 5; y nuevamente en 2019, por la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, Arias regresó a la vida pública el 15 de mayo de 2020, cuando la JEP aceptó su solicitud de sometimiento y le otorgó la medida de libertad transitoria, condicionada y anticipada, para que pueda, como Ramírez, formular un plan de verdad y reparación en el que relate todo lo sucedido el día de la toma. Esto incluye, por su puesto, los hechos en los que se vieron envueltas las víctimas antes de su desaparición, así como la ubicación de sus cuerpos.

El caso de ambos militares retirados está en poder de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, instancia a la que los familiares de las víctimas solicitan retirarlos.

De acuerdo con W Radio, los familiares se basan en la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014, que declaró al Estado Colombiano como el culpable de las violaciones de varios derechos durante los hechos del Palacio de Justicia, incluyendo las desapariciones forzadas.

Así las cosas, la misiva señala que, “la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado ‘conducir y llevar a término eficazmente, en un plazo razonable, en el fuero ordinario, la investigación de los hechos del presente caso, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales’”. Esto está expresado en los párrafos 553 a 556 de dicha sentencia, lo que en otras palabras quiere decir que, el único sistema habilitado para adelantar investigaciones y procesos judiciales con respecto a la toma del Palacio es el de la justicia ordinaria.

Con ello, Arias Cabrales debe mantenerse bajo la sentencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia, mientras que Ramírez Quintero debe esperar que el Tribunal Superior de Bogotá tome una decisión sobre la segunda instancia en la que se encuentra su caso.

La cuestión debe ser resuelta, entonces, por la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, que en estos momentos se encuentra en pleno cambio de presidente. Por eso mismo, en este momento no existen pronunciamientos o decisiones por parte de la jurisdicción especial.

Según comentó a esa emisora el hermano de Cristina del Pilar Guarín, Rene Guarín, todo dependerá de que se decida si debe primar el derecho internacional sobre los derechos humanos o los mecanismos especiales creados en el marco de un acuerdo de paz como el colombiano.

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