La Procuraduría requiere intervención internacional para atender la situación de venezolanos en Arauca

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, instaló el pasado domingo 28 de marzo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Arauca, para trabajar con las autoridades locales tras decretar la “calamidad pública” ante la llegada al país de casi 5.000 migrantes venezolanos, que huyen de su tras los recientes enfrentamientos de las Farc en la frontera.

Decretada la calamidad pública en el departamento, la Procuraduría hizo un llamado, el pasado 25 de marzo, para que el Estado adoptara “las medidas necesarias para responder a esta emergencia humanitaria, que supera la capacidad de atención del municipio de Arauquita, Arauca”.

En ese momento el Ministerio Público pidió las garantías de atención humanitaria a las personas desplazadas en especial las relacionadas con albergue, alimentación y salud y pidió que se revisaran medidas de fondo especialmente aquellas relacionadas con el tema de seguridad.

Este martes, la Procuraduría emitió un comunicado en el que afirma que, solicitará al Gobierno nacional que se acuda ante instancias internacionales con el fin de “pedir su participación, veeduría y acompañamiento, en el sentido de garantizar que desde el vecino país se observen las normas del Derecho Internacional Humanitario que ponen de presente que por encima de cualquier enfrentamiento deben estar los derechos fundamentales de la población civil”.

“La situación que sufren los habitantes de Arauca tiene sus raíces en el grave problema de seguridad que se está viviendo en la frontera, es un problema que debe seguir atendiéndose de manera profunda e inmediata”, afirmó la procuradora General, Margarita Cabello.

La Procuraduría afirmó que, si bien son necesarias todas las medidas que se vienen tomando para atender esta situación de Arauca, también se debe poner fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para salvaguardar su vida, “lo que implica un análisis profundo en materia de seguridad”.

Hasta el momento, algunas de las ayudas humanitarias que se les ha brindado a las familias incluyen mercados, kits de aseo, colchones, carpas, menajes de cocina y demás necesarios. Sin embargo, para cumplir con la meta de atención es necesaria la realización de pruebas para identificar riesgos de contagio por covid-19 y un censo que establezca cuantas de las personas desplazadas son connacionales y cuantas extranjeras, de acuerdo con la información de la Procuraduría.

“Pienso que se requiere hacer un pare total de los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para poder salvaguardar sus vidas, siendo necesario hoy, no sólo la participación y el trabajo del gobierno territorial y nacional sino también el de organismos internacionales”, expresó Cabello en el comunicado.

Así mismo, la funcionaria destacó la decisión de declarar la calamidad pública por parte del Gobierno nacional y el apoyo que se ha recibido por parte de organizaciones como OIM y ACNUR.

Cabe resaltar que, acorde con los datos proporcionados por parte de esa entidad, la situación de violencia y enfrentamientos en el vecino país ha desencadenado el desplazamiento de cerca de 4.700 personas.

El pasado 27 de marzo el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo manifestó públicamente que las capacidades de la administración local se están viendo superadas por el éxodo de ciudadanos venezolanos que huyen de los enfrentamientos entre Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ese país y las disidencias de las Farc.

Según le contó el mandatario a Caracol Radio, al municipio de Arauquita habían llegado al menos 5.000 migrantes con intenciones de buscar refugio. Pero hasta ese momento la Gobernación departamental solo tenía capacidad, para atender al 25 por ciento de esas personas, es decir, a 1.250.

En palabras de Castillo, “Hoy la situación en Arauquita es más crítica que ayer, ayer tuvimos la oportunidad de ir con el defensor del pueblo y había un promedio de 4.000 personas concentradas en 15 puntos en toda la rivera de la frontera con Venezuela, hoy ya tenemos un dato, más de 5 mil personas concentradas en 17 puntos, eso nos lleva a que estamos quedando cortos”.

Para atenderlos, el Ministerio del Interior hizo llegar el pasado sábado 27 de marzo un total de 5 toneladas de suministros que fueron destinadas para abastecer a esa población. A pesar de ello, el gobernador insistió en que se requiere todavía más ayuda para mantener en buenas condiciones a los ciudadanos afectados por los bombardeos que se registran en la zona de La Victoria.

“Quiero pedirles a los organismos internacionales que apoyen este tema, a las empresas privadas que apoyen también, porque lo que comentan es que siguen los bombardeos allí, siguen las alteraciones de orden publico en Venezuela y eso hace que pues siga creciendo esta población”, comentó Castillo a la emisora colombiana. En ese sentido, solicitó alimentos, hidratación y colchonetas, pues lo que hay disponible a nivel municipal y departamental sigue siendo insuficiente.

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