La agencia de noticias Reuters informó este 28 de marzo, sobre el pedido que la ONG venezolana Fundaredes le hizo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para solicitar su presencia en el estado venezolano de Apure, en la zona ubicada en la frontera con Colombia y donde se vienen presentando combates entre la Fuerza Bolivariana de Venezuela y grupos armados ilegales disidentes de las FARC, que hacen presencia en dicho territorio.
“Persisten los enfrentamientos en Apure (…), nos preocupa la vida de civiles desplazados en medio del conflicto armado (…), pedimos (la) presencia del CICR”, manifestó a través de su cuenta de Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
Asimismo, y según información de la agencia de noticias, el activista mantiene una teoría según la cual, los combates se estarían dando entre disidentes de las FARC y soldados venezolanos, en las localidades apureñas de El Ripial y Santa Rosa de los Arenales, “sin que hasta el momento se haya informado de bajas civiles”.
En la última semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emprendió un extenso operativo en contra de dichos grupos armados en zona fronteriza con Colombia. Según Padrino, esa acción militar dejó 27 terroristas judicializados, 12 detenidos y seis muertos.
El pasado 27 de marzo, el Gobierno venezolano arremetió nuevamente contra Colombia y Estados Unidos, durante la entrega del balance del operativo que hizo el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y en cual reiteró las acusaciones que ha hecho Nicolás Maduro, respecto a la presencia de grupos armados en ese país, supuestamente financiados por las autoridades colombianas.
“Ellos (Colombia) tienen grupos guerrilleros, grupos estructurados de delincuencia organizada, tienen paramilitares, tienen disidentes, residuales, pero eso es un problema de ellos... Nuestro problema es un grupo armado, al margen de la ley, ligado al narcotráfico y siguiendo una estrategia clara del imperialismo (de Estados Unidos) con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela”, señaló el ministro venezolano.
De acuerdo con información de Reuters, los enfrentamientos han dejado casi cuatro mil desplazados, que se trasladaron hasta Colombia huyendo de la violencia. Aún así, el ministro de Defensa venezolano aseguró, según información de la misma agencia, que la zona ya está asegurada debido a los primeros combates y que por esto los pobladores ya se encuentran retornando a sus hogares.
Por su lado, la oposición del país venezolano pidió investigar los supuestos excesos de los militares contra la población civil, ya que se han registrado denuncias de activistas de derechos humanos, que aseguran que los muertos que han dejado los combates eran campesinos, pero fueron presentados como guerrilleros.
A su vez, la exdiputada opositora Delsa Solórzano anunció en las últimas horas que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, mediante el cual recopila testimonios que relatan presuntas violaciones a los derechos fundamentales, que se presentaron en el marco de la operación militar en El Ripial, zona donde aparecieron los cuerpos sin vida de las víctimas.
Vladimir Padrino no se ha pronunciado hasta el momento sobre el desplazamiento hacia colombia que ha generado el operativo militar. Sin embargo, cuestionó a las ONG y las acusó de difundir información falsa por medio de redes sociales y mensajes de Whatsapp.
“Fíjense cómo hablan de falsos positivos, ese lenguaje no es nuestro, es de ellos. Eso es un glosario de términos de Colombia con su conflicto”, aseguró Padrino López en un pronunciamiento oficial de este fin de semana.
<b>La situación en Arauquita, municipio colombiano al que han llegado la mayoría de desplazados</b>
De acuerdo con el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo las capacidades de la administración local se están viendo superadas por el éxodo de ciudadanos venezolanos que huyen de los enfrentamientos.
Según le contó el mandatario a Caracol Radio, al municipio de Arauquita han llegado al menos 5.000 migrantes con intenciones de buscar refugio. No obstante, la Gobernación departamental solo tiene capacidad, en este momento, para atender al 25 por ciento de esas personas, es decir, a 1.250.
Para atenderlos, el Ministerio del Interior hizo llegar el pasado 27 de marzo un total de 5 toneladas de suministros que serán destinadas a abastecer a esa población. A pesar de ello, el gobernador insiste en que se requiere todavía más ayuda para mantener en buenas condiciones a los ciudadanos afectados por los bombardeos que se registran en la zona de La Victoria.
“Quiero pedirles a los organismos internacionales que apoyen este tema, a las empresas privadas que apoyen también, porque lo que comentan es que siguen los bombardeos allí, siguen las alteraciones de orden público en Venezuela y eso hace que pues siga creciendo esta población”, comentó Castillo a la emisora colombiana. En ese sentido, solicitó alimentos, hidratación y colchonetas, pues lo que hay disponible a nivel municipal y departamental sigue siendo insuficiente.
De igual manera, el mandatario confirmó que Arauquita ya no es el único municipio del departamento que está recibiendo refugiados en este momento. La misma situación se viven en la capital, Arauca, y Saravena.
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