A la cárcel, exfuncionario de la Procuraduría que exigió $300 millones a senador por caso disciplinario

Por una denuncia formulada por el senador Richard Aguilar, quien señaló de corrupción a Jesús Alejandro Garzón, exasesor del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, el juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá resolvió enviarlo a la cárcel La Picota luego de que éste se hallara en prisión domiciliaria desde el pasado 27 de enero.

En la audiencia de imputación de cargos, el director anticorrupción de la Fiscalía, Eduard Alirio Calderón, hizo un relato pormenorizado del caso: “Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de dos personas, al parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012”.

Sin embargo, el caso del senador Aguilar no fue el único. De acuerdo con la fiscal anticorrupción que le imputó el delito de concusión, Garzón le ayudó a un mayor de la Policía en la elaboración de un derecho de petición y, posteriormente, una tutela que buscaba dejar sin piso jurídico una decisión del Ministerio Público.

La Fiscalía allegó audios que comprobaron la relación entre el exsustanciador y el mayor de la Policía, al que le cobró cobró cinco millones de pesos.

Pero, fue el despacho del entonces Procurador Carrillo el que detectó la irregularidad, con lo que procedió a la revocatoria de las acciones del sustanciador, así como ordenó abrir una causa para investigarlo.

En un comunicado fechado el 15 de enero de 2021, el exprocurador Carrillo denunció los hechos: “En diciembre de 2019 el procurador general tuvo conocimiento de los presuntos hechos delictivos y como parte de la estrategia de transparencia y control interno, ordenó iniciar una verificación que contó con el apoyo investigativo del Área Anticorrupción de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) de la Policía Nacional, y denunciar penalmente ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción”.

Pero el detonante del escándalo fue el cobro de 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar a cambio de resolver a su favor un proceso disciplinario en su contra, lo que desmanteló una estructura ilícita en la que Garzón proyectaba fallos que Carrillo resolvía en segunda instancia.

Para la Fiscalía, Garzón aprovechó su posición estratégica en el Ministerio Público para montar un negocio de absoluciones, con la ayuda de dos abogados más y un familiar, que no solo consistió en proyectar las sentencias, sino también la interceptación de llamadas de investigadores en los casos que éste llevaba.

El caso del senador Richard Aguilar se dio cuando éste era gobernador de Santander. En diálogo con Blu Radio, el ahora senador dijo que Jesús Alejandro Garzón le habría cobrado esa suma “hace año y medio” y que se debió por la sanción por un contrato de celaduría de su primera gobernación. Agregó que finalmente el fallo fue a su favor, contrario a lo que pronosticaba Aguilar.

“Él fue muy insistente en reunirse conmigo, para sorpresa mandó una fotografía de la sustanciación del fallo y del número del proceso. Verifiqué y fue tan insistente que a mi se me hizo muy extraño y luego de una semana procedió a hacer la exigencia”, dijo a la emisora.

Alejandro Garzón, exasesor del despacho de la Procuraduría General de la Nación, fue conducido a La Picota en últimas horas del pasado 28 de marzo.