Denuncian polémicos ‘micos’ y proyectos que pasaron desapercibidos por cuenta del que buscaba ampliar periodo presidencial

Las elecciones de 2022 estarían llenas, según denunciantes directos del congreso, de ‘micos’, que se estarían intentando colar en la ley.

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Alargar los periodos estatales no
Alargar los periodos estatales no sería la única idea que se estaría cocinando en el Congreso, tan solo sería la punta de un vasto iceberg, o como lo denunció la senadora Angélica Lozano, “una cortina de humo”.. REUTERS/Luisa González

En las últimas semanas, la noticia de un proyecto de ley que buscaba que se extendieran algunos cargos estatales, incluyendo al de presidente de la República, hasta 2024, generó una gran polémica. El debate hizo que ese intento de reforma se fuera al piso, sin oportunidad de resucitar. Sin embargo, esta no sería la única idea que se estaría cocinando en el Congreso, tan solo sería la punta de un vasto iceberg, o como lo denunció la senadora Angélica Lozano, “una cortina de humo”.

La carrera por la jornada electoral de 2022 está en movimiento constante desde 2020, incluso cuando al periodo de Iván Duque le queda poco más de un año. Será en marzo cuando empiece la temporada electoral para los nuevos congresistas y, dos meses después, en mayo, los ciudadanos irán a las urnas para la primera vuelta presidencial.

Alejandro Chacón, congresista del Partido Liberal, quien hizo la propuesta, aseguró, en su momento, que su único interés era unificar las elecciones del país, y que eso le permitiría a Colombia ahorrarse más de 630.000 millones de pesos, según dijo en una entrevista para la revista Semana. La propuesta se hundió sin siquiera ser discutida oficialmente, y el presidente Iván Duque negó sus intereses en que la propuesta prosperara, según él, su mandato terminará según lo estipulado, es decir, en agosto de 2022.

Esta primera propuesta destapó lo que sería una cadena de proyectos parecidos que se han venido trabajando desde antes como el del Partido de La U que, en una de sus iniciativas, según informó Semana, quiere establecer que no solo los partidos pequeños puedan generar coaliciones para luego participar en elecciones del Senado o de la Presidencia, sino que busca que esta misma posibilidad la tengan partidos políticos muy grandes.

De acuerdo con la norma actual, sólo se pueden concretar alianzas que “hayan obtenido hasta el 15% de los votos válidos en las pasadas elecciones”. Alfredo Deluque, congresista de ese movimiento político, la idea es que todos tengan la posibilidad de armar grandes bloques, sin embargo, para los opositores de dicha medida, la preocupación recae en que, de ser aprobado este proyecto, los partidos políticos minoritarios podrían perder participación considerable y quedar relegados.

“La U hoy no cuenta con la misma condición de hace cuatro años, y no es justo que quienes hoy tienen más les apliquen una norma como si tuvieran menos, y a La U, que tiene menos, le apliquen una norma como si tuviera más”, argumentó Deluque.

Según María José Pizarro, en testimonios recopilados por ese mismo medio de comunicación, y quien hace parte de la Lista de la Decencia de Bogotá, los Congresistas ponentes de esa idea “pretenden dejarnos sin opciones”. A ella se unió César Pachón, miembro del Movimiento Alternativo Indígena y Social que afirmó que “los congresistas del Gobierno quieren modificar la Constitución y hacer coaliciones entre los mismos de siempre, y presentar superlistas. Temen perder”.

El proyecto del Partido de La U, por el momento, se encuentra siendo estudiado en la Comisión Primera de la Cámara.

Por la misma línea de las elecciones, la Comisión Primera de la Cámara empezará a estudiar otra polémica propuesta, hecha por John Milton Rodríguez, integrante de Colombia Justa Libres, que busca que los policías y militares puedan votar, es decir, más de 600.000 personas más.

“No tiene sentido que desmovilizados que fueron terroristas sí puedan votar, y los uniformados no”, dijo el hombre en defensa de su idea. Sin embargo, por parte de la oposición, lo preocupante de la aprobación de este proyecto es que se “politice a la fuerza pública”, o que se terminen involucrando asuntos ideológicos.

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