En países como Estados Unidos, Inglaterra, y España, existe una herramienta, que funciona como base de datos que lleva consigo los perfiles genéticos, que ayudan a identificar a violadores en serie para advertir y prevenir a la comunidad y a la justicia frente a casos de este tipo, así lo informó el periódico El Tiempo en una de sus más recientes investigaciones. Aunque en Colombia se ha buscado crear esta herramienta, no se ha hecho realidad todavía.
En 2020, de acuerdo con información tomada de ese mismo medio de comunicación, Medicina Legal expidió una resolución para adquirir esa herramienta que, según los expertos consultados por ese periódico, sería de gran utilidad para las autoridades. De acuerdo con lo que le explicó ese ente al diario, “el ADN puede ser un método confiable capaz de ofrecer condenas seguras y rápidas, también tiene un potencial para eliminar sospechosos inocentes”.
De acuerdo con Dalila Henao, penalista consultada por la periodista María Isabel Ortiz, la eficiencia de este método de investigación, y posterior judicialización, ”se vería reflejada en una mayor percepción de seguridad al aumentar la eficacia de las investigaciones. No toma la misma cantidad de tiempo enfrentar un proceso que se base en pruebas científicas casi irrefutables, que enfrentar uno con pruebas principalmente testimoniales, y que dependan de la memoria de las personas y su disposición para comparecer”.
Medicina Legal, en su testimonio para el informativo, aseguró que para empezar con un proyecto como estos se necesitaría una inversión cercana a los diez mil millones de pesos. Además, se entraría en un debate constitucional para esclarecer la correcta manipulación del aquel método para evitar vulnerar derechos como la dignidad y la intimidad, aspectos que se verían en constante riesgo a la hora de guardar y almacenar información genética de una persona.
Frente al debate, de acuerdo con las voces de expertos recopiladas por El Tiempo, Mauricio Cristancho, vocero de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal de la Universidad Nacional, manifestó que “tomar una muestra contra la voluntad de la persona afecta derechos como la intimidad, la dignidad (...) si a alguien le toman muestras corporales, puede estar dando las pruebas de su responsabilidad penal. Habría que ponderar los derechos del procesado y los de la víctima”.
Para su argumentó, aseguró Cristancho, se basó en lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que manifiesta, explícitamente, que solo “se puede almacenar esta información de personas condenadas porque tener material genético de un sindicado que fue absuelto puede atentar contra su vida privada”.
Esta discusión se suma a lo que agregó Henao, en aquel diálogo con El Tiempo, en donde aseguró que almacenar material genético no solo involucraría al acusado, sino también a sus familiares, quienes no tendrían nada que ver con los delitos. Por ello, explicó la penalista, debería, en caso de ser una realidad, una correcta reglamentación que garantice la no vulneración de los derechos.
Así mismo, debe entenderse, según Henao, que la eficacia de la prueba de las muestras del ADN debe ser valorada junto a otras, porque, según la experta, “por sí solo, el ADN no resulta concluyente y la coincidencia de perfiles no es sinónimo de culpabilidad”.
Seguir leyendo: