Iniciaron las clases y 440.799 estudiantes de colegios oficiales aún no están cubiertos por el Plan de Alimentación Escolar

La Contraloría General de la República, al monitorear las operaciones correspondientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE), identificó que, al corte del 19 de marzo, once Entidades Territoriales Certificadas (ETC) aún no inician con la entrega de los alimentos reglamentarios dentro del marco del proceso. En el momento, el ente de control fiscal indaga por qué no se han iniciado las comidas, ya que las instituciones ya iniciaron el calendario académico.

Según el reporte del Ministerio de Educación, 85 entidades de las 96 en existencia iniciaron el programa. Las once pendientes que aún no reportan la entrega de la comida son Amazonas, Cauca, Fusagasugá, Girardot, Montería, Pitalito, Popayán, Putumayo, Santa Marta, Villavicencio y Yopal. En total, 440.799 aún no reciben alimentos durante sus jornadas académicas desde el inicio de sus calendarios, los cuales comenzaron entre el 18 de enero hasta el 8 de febrero de este año.

“Se debería estar beneficiando a 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.251. 935. Es decir que 440.799 estudiantes aún no serían beneficiarios del PAE”, indicó la Contraloría.

De acuerdo con el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, reitera el seguimiento que le hace la entidad al PAE y expresa que se tomarán las acciones pertinentes una vez se conozca la razón del retraso.

“La Contraloría General ha venido realizando reiterados llamados a las entidades territoriales para que se atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar, de acuerdo a las indicaciones del Gobierno Nacional. Se deben beneficiar más de 5.692.734 estudiantes, es por ello que hemos realizado requerimientos oficiales para conocer, en primera medida y desde el carácter preventivo, la falta de oportunidad en la ejecución del programa y, si es el caso, que sea el insumo para adelantar las acciones fiscales que haya a lugar”, señaló el funcionario.

El contralor delegado afirmó que las ETC que presentan los mayores retrasos en el programa son Pitalito, Cauca, Popayán y Yopal. Además, el funcionario resalta que “Cauca es la quinta ETC que tiene mayor número de beneficiarios de acuerdo al Reporte Simat, con corte 31 de diciembre de 2020, dejando de atender 183.479 estudiantes. Así mismo, se resaltan los casos de Putumayo y la ciudad de Santa Marta donde se debería estar beneficiando a 61.570 y 52.626 estudiantes, respectivamente”, explicó Pineda Téllez.

El funcionario dijo que se viene trabajando con el Ministerio de Educación para que se lleven a cabo los reportes. “El Ministerio ha remitido correos electrónicos recordando las fechas máximas de reporte en la plataforma, y en las diferentes asistencias técnicas y capacitaciones realizadas por la Subdirección de Fortalecimiento ha recordado el tema. Es por ello que insistimos que no cumplir con los tiempos puede implicarles que se les realice recortes en sus asignaciones presupuestales de la siguiente vigencia, independiente de las acciones fiscales que pueda adelantar la Contraloría General”, finalizó el contralor delegado.

Por otro lado, a mediados de marzo, la Procuraduría General de la Nación anunció que está investigando irregularidades en la adjudicación de este plan en Villavicencio, capital del Meta, porque aparentemente el consorcio Alimentación Infantil Villavicencio 2021, firma responsable de proveer la comida en ese territorio, se quedó con el contrato haciendo uso de documentos alterados.

Para adjudicar este tipo de contratos se tiene en cuenta cuál de las propuestas presentadas tiene un mejor puntaje, de acuerdo a un sistema establecido por la Nación. Este método tiene en cuenta una serie de variables, incluso si dentro de la empresa o consorcio que la presenta trabajan personas en condición de discapacidad, ítem en el que presuntamente Alimentación Infantil Villavicencio 2021 mintió.

Aparentemente el ganador habría presentado un documento alterado del Ministerio del Trabajo que indica que, dentro del consorcio labora una persona en condición de discapacidad con el fin de obtener un punto extra que le ayudara a quedarse con el contrato. La Procuraduría está investigando si esto es cierto y, en caso de que lo sea, determinar si MinTrabajo expidió el documento siendo consciente de la situación y si la Alcaldía de Villavicencio realmente no sabía que este era falso.

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