Gobernadores del suroriente del país solicitan al presidente Duque detener fumigación con glifosato

Los mandatarios de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Vaupés, en medio del Primer Foro Regional de Gobernadores Suroriente, que celebra este 25 de marzo en Villavicencio (Meta), solicitaron al Gobierno nacional detener la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. El grupo asegura que, avanzar forzosamente con este proceso no beneficiará a las comunidades y, por el contrario, generará más problemas.

Los gobernadores señalan que, a las personas involucradas en la sustitución solo se les ha cumplido con el 50 por ciento del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) contemplado en el Acuerdo de Paz. La propuesta es que se terminen de ejecutar los proyectos productivos en la zona para que así la comunidad erradique las plantaciones ilícitas de forma voluntaria.

“A las comunidades se les debe cumplir en su totalidad para que dejen de sembrar coca como sustento económico y se puedan dedicar a cultivar otros productos. Además, hay que mejorar sus condiciones en materia de vías, educación y salud”, dijo Heider Palacios, gobernador del Guaviare, departamento donde hay más de 6.000 familias que están a la espera de que se cumpla el PNIS.

Los mandatarios del suroriente del país aseguran que, la erradicación forzosa fomenta otros problemas de tipo social, económico y medioambiental. En el Guaviare, por ejemplo, las personas terminan plantando los ilícitos en zonas boscosas escondidas, lo que acrecienta el problema de deforestación, que ya es latente en el país.

“A la gente les fumigan un cultivo a 100 kilómetros de los cascos urbanos, y ellos arrancan su semilla, y se van a sembrarla en las profundidades de la selva, generando más deforestación”, contó Palacios.

Cabe resaltar que, este problema de erradicación forzosa con glifosato afecta a más departamentos, ubicados en otras regiones del país. A inicios de mes, en Riosucio (Chocó) este problema ocasionó enfrentamientos entre la comunidad y el Ejército Nacional. La situación dejó a cuatro campesinos heridos y varios desaparecidos.

La fuerza pública aseguró que, en ese territorio son más de 300 civiles los que han intentado herirlos, algunos, incluso, con armas cortopunzantes. El grupo estaría respondiendo violentamente porque aseguran que, el Ejército “no está respetando los compromisos de erradicación” que se establecieron hace unas semanas, que indicaba adelantar el proceso de forma lenta.

Situaciones parecidas también se han registrado en varios municipios de Antioquia y de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander. La mayoría de civiles involucrados afirman que, están dispuestos y comprometidos con “la sustitución voluntaria y la transición a las economías lícitas” siempre y cuando el Gobierno nacional les cumpla lo pactado y el proceso se haga conforme a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz.

Además de los gobiernos locales y las comunidades afectadas, acerca de este tema también se ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A través de una carta, enviada el pasado 17 de diciembre, el organismo solicitó al Gobierno nacional reconsiderar la implementación de la erradicación con glifosato.

El documento está firmado por siete relatores especiales de la entidad que representan varios sectores: Sustancias Tóxicas, Afrodescendientes, Medioambiente, Derecho a la Alimentación, Derecho a la Salud, Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas. Ellos rechazan el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) porque argumentan que el uso del químico tiene consecuencias graves para la salud y el medioambiente.

“Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el PECIG y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente. Estos hechos se estarían llevando a cabo en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”, se lee en la carta que se extiende nueve páginas.

La ONU explicó que, hay evidencia contundente de los daños que el glifosato tiene sobre la salud reproductiva de las mujeres y los animales domésticos y polinizadores. Así mismo, se verían afectados el agua y los cultivos de pancoger, es decir, las principales formas de sustento de las comunidades donde se implementará el programa.

La reanudación del PECIG “atentaría y vulneraría” derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Además, va en contra de los compromisos que Colombia tiene firmados en relación a la prevención de la exposición a sustancias y desechos peligrosos, el respeto de los derechos de los niños, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Incluso, no respetaría el Acuerdo Final de Paz.

Otro de los argumentos de los relatores de la ONU para rechazar el programa está relacionado con el “déficit participativo” que ha tenido el proceso. Este hecho impediría la inclusión y no tendría en cuenta los testimonios de la ciudadanía y las comunidades sobre cómo el químico afecta sus vidas.

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