Fiscalía imputó cargos en contra del director del Idiger en Bogotá por presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia

En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) de Bogotá, Guillermo Escobar Castro, por presuntas irregularidades presentas en la celebración de contratos, algunos sin cumplimiento de requisitos legales durante el manejo de la crisis sanitaria causada por el covid-19 en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, el contrato por el cual fue investigado Escobar Castro, ascendía a los 3.036 millones de pesos, y según detalló el organismo judicial, fue celebrado en abril de 2020, con el cual se buscaba ubicar 15 albergues temporales con capacidad para 50 personas que no tenían donde cumplir su aislamiento obligatorio en la capital del país.

Además, según añadió la entidad, en ese mismo contrato el Idiger también contemplaba la entrega de alimentos, elementos de aseo personal, y acompañamiento psicológico y médico para las personas que se vieran beneficiadas con las ayudas.

Frente a la investigación y la celebración de esos contratos, el ente acusador, además aseguró que tiene material probatorio que demuestra que el director del Idiger “al parecer, desconoció principios de trasparencia y planeación, no tuvo en cuenta a otras entidades en el proceso de contratación y, supuestamente, direccionó el contrato hacia una institución específica.”. Así mismo la Fiscalía señaló que Escobar Castro también habría pasado por alto los parámetros establecidos en el Manual de Procedimientos de Contratación.

En ese sentido, la entidad dio a conocer que el funcionario, actualmente encargado del Idiger, fue presentado ante un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional de Bogotá, quien a través de una diligencia judicial le imputó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. De acuerdo con la Fiscalía, en el momento de la imputación, Escobar Castro no aceptó los cargos.

Por contratos irregulares durante la pandemia, la Fiscalía ya ha realizado 27 imputaciones de cargos en 13 departamentos

Durante la atención de la pandemia causada por covid-19 en el país, los procesos de contratación en distintas entidades territoriales fueron priorizados con el objetivo de que se pudieran adquirir insumos para atender a todos los ciudadanos. De esa manera, los contratos por contingencia para mitigar la crisis se podían estipular sin proceso licitatorio alguno, a través de la declaratoria de urgencia manifiesta de cada entidad contratante.

Así, las entidades territoriales comenzaron a adquirir insumos para los protocolos de bioseguridad, alimentos, elementos para la atención de los centros hospitalarios, entre muchos otros. Sin embargo, comenzaron a aparecer contratos con diversas irregularidades en ellos, como sobrecostos, población beneficiaria inexistente, etc, lo que llevó a que se realizarán 27 imputaciones de cargos en 13 departamentos del país, así lo conoció el periódico El Tiempo.

Según lo reportado por el mismo medio en total serían más de seis mil contratos que superan los 667.539.927.490 pesos, los que han sido investigados por irregularidades, en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés.

Algunos de los funcionarios que se han visto señalados de celebrar contratos con presuntas irregularidades durante la atención de la pandemia son: Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó; Everth Julio Hawkins Sjogreen; gobernador de San Andrés; y Florencio Rosero Peña; gobernador del Putumayo.

De hecho, este jueves 25 de marzo, la Fiscalía General de la Nación, dio a conocer que Pilar Alexon Contreras Erazo, quien era subdirectora de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá, y su esposo Carlos Arturo Flores Carreño, fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión, por presuntamente haber direccionado contratos por $3.000 millones de pesos.

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