Corte Suprema niega la libertad al exmagistrado Gustavo Malo

Con decisión del 25 de marzo, la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández y negó su libertad por vencimiento de términos, dentro del proceso que se sigue por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva dentro del caso conocido como el ‘Cartel de la Toga’.

Malo, quien es acusado de exigir 2.000 millones de pesos al exsenador Musa Besaile y de 1.200 millones de pesos al exsenador Álvaro Ashton, seguirá su proceso privado de la libertad.

El alto tribunal señaló que “no resulta proporcionado ni razonable que la defensa inunde la actuación de peticiones notoriamente inconducentes, para luego sacar ventaja y provecho del término que empleó la judicatura en su resolución. Toda conducta enmarcada en esta lógica constituye, sin duda, tácticas dilatorias”.

La defensa de Malo solicitó además el pasado miércoles 10 de marzo, que la Corte haga un cambio de jueces en su proceso. Dicha solicitud, hecha a través de recusaciones, atañe por un lado a Blanca Barreto y Ariel Torres, dos de los tres jueces de la Sala Especial de Primera Instancia que manejan el caso y a quienes el acusado señala de no ser imparciales con respecto a esa diligencia en particular.

Según Malo, “los magistrados ahora recusados, que tienen a su cargo el juzgamiento de este proceso en mi contra, emitieron conceptos extraprocesalmente cuando para entonces fungían como magistrados auxiliares dentro de la investigación previa, adelantada contra el senador Álvaro Ashton, que tiene carácter sustancial”, por lo que estarían viciados para juzgarlo a él.

En ese sentido, continuó el exmagistrado, “de manera respetuosa, solicito la separación del conocimiento de la presente actuación procesal de los doctores Ariel Torres y Blanca Barreto, en aras de garantizar la absoluta imparcialidad, la independencia de la administración de justicia y el derecho fundamental de los asociados y de los sujetos intervinientes a obtener un fallo protegido por un tribunal imparcial”.

Adicionalmente, el procesado se refiere de nuevo a Torres, y a su tercer juez, Jorge Caldas, en una segunda recusación en la que manifiesta que ambos funcionarios participaron en la decisión que lo sentenció a pagar detención preventiva, y en la que, de acuerdo con Malo, se le prejuzgó su responsabilidad a sabiendas que iban a ser estos dos quienes participaran en el actual juicio.

De acuerdo con el documento, “se hace necesario despejar y definir antes que se asuma una decisión de sentencia a nivel doméstico en este asunto, pues se trata de una garantía internacional y constitucional mucho más cuando este caso ya lo he presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de garantías convencionales y constitucionales en plano nacional, solo el paso del tiempo será la voz que nos diga quién tiene la razón”.

Por dichas razones, el exmagistrado señaló que ninguno de los tres encargados de su caso puede tomar decisiones sobre una futura prisión preventiva en su contra. “quien juzga no puede anticipar ni contaminarse bajo ninguna forma sobre la presunta responsabilidad penal del sindicado”, agregó.

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