Fiscalía tiene 48 horas para entregar todas las pruebas del caso Uribe a Iván Cepeda

Este 25 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre el caso de Álvaro Uribe, doce días antes de que la Fiscalía General pida que el proceso de falsos testigos contra el exsenador precluya.

La Sala Penal de ese organismo judicial le dio la razón al senador Iván Cepeda - víctima dentro del caso- y el ente investigador deberá entregar las declaraciones que tomó la Fiscalía en los que lleva estudiando el caso. El 11 de marzo, el congresista había presentado una tutela para que le entregaran las declaraciones.

De acuerdo con el Espectador, los magistrados de la Sala determinaron en el fallo que se “advierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la información y de acceso a la administración de justicia de Cepeda Castro como víctima, toda vez que pese a que en virtud de esa reconocida calidad dentro del proceso, solicitó de la Fiscalía copias del expediente, en especial de las entrevistas efectuadas por ese despacho, luego de que recibiera el proceso procedente de la Corte Suprema de Justicia, este se abstuvo de pronunciarse”-

Aseguró también que, se debe amparar los derechos del debido proceso, al acceso a la información y de acceso a la administración de justicia del senador Cepeda.

En el texto que reveló el diario, el Tribunal Superior de Bogotá dice que el “derecho a la información, como garantía procesal” sirve para que las víctimas puedan “recibir información y acceder a ella, lo que constituye una de las manifestaciones medulares de su posibilidad de intervención en la actuación penal”.

Sobre este fallo, el Senador Cepeda se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que esta decisión pone en “evidencia” que no se están brindando las garantías a sus abogados y a él como víctima del caso.

El pasado miércoles 24 de marzo, la Fiscalía publicó un documento de 14 páginas con el que busca defender la decisión de pedir la preclusión del caso contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez. El mismo funciona como respuesta a la carta firmada por 1.290 personas, incluidos académicos y senadores, que mostraron su desacuerdo y solicitaron garantías en el proceso.

El documento, firmado por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Carlos Saboyá, aborda cada una de las quejas que pudieran existir en contra de la preclusión, partiendo por el principio de autonomía e independencia que tienen los fiscales encargados del caso contra el líder del Centro Democrático, por la comisión de los delitos de soborno y fraude procesal.

Al respecto, señala que los investigadores “han actuado con estricta sujeción a los principios y normas constitucionales y procesales que se erigen como garantía de los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Entre ellos, el principio de autonomía e independencia, el principio de legalidad, el principio de publicidad y transparencia”. De igual forma, afirma que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, no puede, por constitucionalidad, incidir en el resultado de la investigación.

Posteriormente, se refiere al principio de imparcialidad, el cual señala, ha garantizado en todo momento como Fiscalía. De igual forma, “ha atendido las recusaciones que han sido propuestas por los apoderados del senador Iván Cepeda Castro”, parlamentario que en repetidas ocasiones ha pedido el cambio del fiscal Gabriel Jaimes como encargado del proceso.

Cepeda llegó, incluso, a demandar a Jaimes, alegando falta de garantías, pues buscó “favorecer los intereses del procesado, y en vez de apartarse, ha fungido como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe. Las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones del imputado”.

Al respecto, la Fiscalía determinó en su documento que, el funcionario “no tiene ningún interés directo o indirecto respecto a la investigación seguida en contra del mencionado ciudadano —Uribe—, es decir, no ha tenido ninguna relación con el imputado que afecte o interfiera en su capacidad de decisión y que permita afirmar que está desviando la investigación”.

De igual forma, la carta de Saboyá señala que Jaimes no había tenido contacto previo con el proceso, que estuvo inicialmente bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, habla del principio de legalidad y argumenta que, bajo el mismo, las conductas de la entidad deben enfocarse en demostrar y justificar que Uribe Vélez si cometió una conducta punible. Para ello, señala, se deben respetar las garantías del senador Cepeda como víctima, pero también las reglas del proceso penal como el derecho al debido proceso y a la defensa por parte del exsenador antioqueño.

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