Reforma tributaría incrementaría el precio de la energía y los impuestos de los vehículos

Como parte de los instrumentos de tipo fiscal que permitan reducir la contaminación, el proyecto de reforma tributaria, que el Gobierno socializó este martes con los gremios, busca modificar el impuesto al carbono, ampliando la base para incluir en la base gravable del tributo el carbón que se quema para producir energía en centrales térmicas o en diversas industrias como la cementera y las siderúrgicas.

La reforma tributaria que propone el gobierno del presidente Iván Duque también contemplaría un impuesto al carbono, el aumento del valor del recibo de energía y otros incrementos para respaldar la generación del Fondo del Clima, FonClima.

Tal y como recopiló El Tiempo, en una de sus investigaciones, FonClima sería acreedor a montos por año de, aproximadamente, 1, 27 billones y serían recaudados mediante el impuesto al carbono que se recibiría a través de centrales térmicas en diversas industrias.

De acuerdo con lo que el Ministerio de Hacienda dio a conocer, dicho impuesto, que gravaría el carbón, sería, principalmente, para las empresas dedicadas a producir plantas térmicas y hornos. Según el medio citado, el incremento sería del 7 por ciento en los precios de la generación de energía.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores (Andeg) asegura que el aumento sería mayor y equivaldría a 18 pesos por kilovatio. El presidente de dicha entidad, Alejandro Castañeda, habló con el diario El Tiempo aseguró que si se sube el valor de la energía térmica, en la que se usa carbón, también habrán sobrecostos en “la energía producida con agua e incluso el costo de la energía renovable que se produce con el sol o con el viento”, expresó Castañeda.

Según le contó el presidente de la organización al medio, por año, quienes consuman dicha energía, pagarían 1,5 billones de pesos adicionales cada año debido a que “quienes compren carbón para sus procesos de generación o industriales entrarían a pagar una tarifa de 40.000 pesos por cada tonelada, cuyo precio actual promedio es de 150.000 pesos, es decir que el impuesto equivaldría a un 26 por ciento del costo actual”, explicó el líder gremial a El Tiempo.

“El impuesto debería ser a la salida del uso industrial y de generación”, agrega el presidente de Andeg, mientras que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño aseguró que en los primeros años no se cobrará dicho impuesto, principalmente a las familias de estratos 1, 2 y 3 debido a que se daría subsidios para el mismo.

Al Gobierno, a pesar de que la propuesta de la reforma tributaria es impopular en todos los frentes del legislativo, le urge que el ajuste fiscal pase sin mayor turbulencia por el Capitolio. Tanto es el afán que, el pasado 24 de marzo, el presidente Iván Duque y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, estuvieron en labores para socializar y recalcar la importancia del proyecto.

Mientras Carrasquilla se encontraba con la alcaldesa Claudia López, quien mediaba por Asocapitales; en otro evento, Duque también daba seguridad que, a pesar de a impopularidad, es necesario apoyar el reordenamiento impositivo.

En la alocución, el mandatario recalcó que no se tocará la canasta familiar básica y que los servicios no se verán alterados por los nuevos lineamientos y resaltó que se trata de un momento “donde se necesita grandeza; una discusión de país, de modelo de país”.

Además, el presidente recordó que se trata de un esfuerzo que pretende suplir gastos que con la actual norma no se podrían recaudar y que, a su vez, se podrán mantener los subsidios que se les están concediendo a varios sectores de la población. “Esta es la oportunidad de lograr ese doble propósito: la protección de los más vulnerables y la estabilización de las finanzas públicas de Colombia. Este es un momento donde se necesita grandeza. Esta no es la discusión de una reforma tributaria convencional donde aparecen los lobbies y se discuten una extensioncita, esta tiene que ser una discusión de modelo de país”, aseveró el mandatario.

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