Procuraduría propone reformas al Código General Disciplinario por exigencia de Corte Interamericana tras el caso Petro

La procuradora Margarita Cabello, con carpeta en mano, se dirigió al Congreso de la República para radicar su proyecto de reforma al Código General Disciplinario, en el que incluye las recomendaciones de la Corte IDH respecto a las sanciones de funcionarios públicos elegidos por voto popular.

En julio de 2020, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por restringir los derechos políticos de Gustavo Petro, quien fue destituido en 2013 por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. El tribunal internacional señaló que no se pueden restringir los derechos de una persona elegida por voto popular, por lo que solicitó modificar las garantías del órgano de control.

Ahora, el Congreso de la República deberá dar trámite a los dos proyectos en el mismo sentido que fueron radicados en la Secretaría General, debido a que Fernando Carrillo, una semana antes de ceder el puesto a Margarita Cabello, radicó un proyecto de reforma al Código General Disciplinario.

Desde ese momento, según informó el diario El Tiempo, Margarita Cabello, ya elegida por el Congreso para ocupar el cargo, manifestó su inconformidad con el proyecto y decidió redactar uno propio que radicó este jueves 25 de marzo ante el órgano legislativo.

La iniciativa de Cabello está encaminada a mantener la potestad disciplinaria de la Procuraduría, pero fortalecer las garantías procesales de las 12.142 actuaciones disciplinarias contra servidores públicos de elección popular que maneja. De estos casos, 8.138 corresponden a alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 representantes a la Cámara y 21 senadores.

“La Procuraduría acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro”, informó el Ministerio Público.

En ese sentido, el texto radicado por Cabello propone ampliar las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría únicamente en el área misional disciplinaria, con el fin de que se le permita actuar como juez únicamente en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.

La iniciativa también plantea la división de las fases investigativas de la Procuraduría, con el fin de otorgar la garantía de que quienes participen en la etapa investigativa y la correspondiente al juzgamiento sean funcionarios diferentes dentro del órgano de control.

Finalmente, plantea crear una sala de juzgamiento que abra la posibilidad de una doble instancia en todos los procesos y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias.

“El presente proyecto, en consecuencia, fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo, en lo sucesivo, los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló la procuradora Margarita Cabello Blanco.

La jefe del Ministerio Público también solicitó la compañía del Gobierno nacional y del Congreso de la República para dar trámite y aprobación al proyecto de su autoría, este último se ratificó con la presencia del ministro del Interior Daniel Palacios durante la radicación de la reforma. Esta iniciativa debería ser tramitada antes del 19 de agosto, cuando una comisión de la Corte IDH hará verificación de los avances en garantías disciplinarias.

El proyecto que radicó el ex procurador Fernando Carrillo cuando aún ocupaba el cargo, el pasado 6 de enero, hace trámite en la Cámara de Representantes. En su iniciativa, se plantea que sea un juez administrativo quien defina la sanción de destitución e inhabilidad general, que en casos de corrupción y violación de DD.HH. imponga la Procuraduría a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales o ediles. Así mismo, propone que las decisiones sancionatorias que resulten de la actuación del Ministerio Público, en el evento que conlleven una destitución e inhabilidad del servidor, tengan un control jurisdiccional automático e integral de legalidad antes de producir efectos jurídicos.