“Esperamos que Dios nos ayude porque del gobierno no hemos recibido ayuda”, lideresa del Bajo Atrato

Este miércoles 24 de marzo, durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la crisis humanitaria que se vive en el Bajo Atrato (Chocó y Antioquia), varios defensores de derechos humanos de esa región alzaron su voz en contra de la vulneración a su seguridad y tranquilidad.

En el encuentro revelaron que desde la firma del proceso de paz con las Farc se han presentado 77 desplazamientos forzados masivos y 23 asesinatos de líderes sociales, crímenes asociados con las actividades ilícitas que se realizan en la zona como la minería ilegal y el narcotráfico.

“Esperamos que Dios nos ayude porque del gobierno no hemos recibido ayuda. Soy una lideresa que he sido víctima de acoso sexual y así como lo he vivido yo otras compañeras también. A veces no queremos decir tantas cosas porque si uno las cuenta entonces esa persona vale plata, estamos abocados a un nuevo desplazamiento”, manifestó una lideresa que ocultó su nombre por razones de seguridad.

Asimismo, se refirieron a la ausencia del Estado en la zona, la cual es tan evidente que, aunque los habitantes han llegado a detener a miembros de estructuras criminales que han invadido su territorio, deben “soltarlos” porque la fuerza pública no frecuenta la zona y no logran entregárselos.

“Hemos hecho administración del territorio, hemos hecho erradicación de más de 150 hectáreas (de coca), por eso hay amenazas a los líderes e indígenas. Nosotros las comunidades sentimos con miedo el riesgo de desplazamiento, hay ausencia institucional”, manifestó el líder Argemiro Bailarín.

En respuesta, el Gobierno nacional señaló varias acciones que se vienen adelantando en pro de la protección de las comunidades y desmintieron como lo señalaron los líderes, que en el Bajo Atrato haya ausencia de este.

“El Estado colombiano no cesa en su compromiso de implementar con prontitud y de manera concertada las medidas cautelares otorgadas en favor de los beneficiarios”, señaló Alejandro Ordóñez, embajador colombiano ante la OEA.

Cabe recalcar que, el último reporte de el Sistema de Monitoreo de Riesgo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP , señaló que cada media hora un colombiano se vio obligado a abandonar forzosamente su hogar este año.

Tras analizar los hechos victimizantes reportados en lo corrido del año —con corte al 7 de marzo— las cifras indican que 3.119 personas se han desplazado. Según el estudio, 1.311 familias han huido de sus tierras para salvaguardar sus vidas e integridad física.

Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño son los departamentos con más casos reportados. De acuerdo con el informe quincenal de la UIA, los daños son desproporcionados cuando se analizan los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Ante este escenario, la UIA lanzó nuevamente una alerta porque, entre la población más afectada, se encuentran precisamente los titulares de derechos y garantías ante la Jurisdicción Especial para la Paz como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, los patrones de desplazamiento masivo y de confinamiento hoy dependen más de la ubicación de los ‘corredores estratégicos’ que de las jurisdicciones administrativas. Es decir, advierte la UIA, tienen sus propias lógicas territoriales.

“A pesar de los procesos de paz y de los esfuerzos de las entidades estatales, las lógicas de expulsión violenta de personas, familias y comunidades, continúa y muestra señales de empeorar en los próximos meses”, advierte el Sistema de Monitoreo en su informe.

Hay tres factores de persistencia: primero, la disputa bélica del ELN y el ‘Clan del Golfo’ por controlar corredores estratégicos. Este fenómeno de violencia ocurre en tramos de carreteras, pasos fronterizos y redes fluviales donde ambos chocan por el control territorial.

Segundo, el ‘Clan del Golfo’ responde a la presión de la Fuerza Pública dispersado sus estructuras en otras regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo. Además, del control que han recuperado en viejas retaguardias de grupos paramilitares.

El tercer factor son las alianzas criminales que apuntan a consolidar mandos coordinados o compartidos como: el ‘Comando Coordinado de Occidente’, ‘Comando Frontera Sur’, y el ‘Bloque Jorge Briceño’ en el Cauca, bajo Putumayo y los Llanos del Yarí, respectivamente.

El desplazamiento masivo ha aumentado por el establecimiento de corredores estratégicos que permiten la movilidad de las organizaciones ilegales y el tránsito de drogas, armas y mercancías en diferentes subregiones del país. Se conectan por carreteras, serranías, ríos y fronteras.

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