Desarticulan red de ‘paga diarios’ que logró ingresos por más de $13.000 millones en el Atlántico

En el departamento del Atlántico, mediante la operación ‘Argenta’, la Fiscalía General de la Nación logró desarticular una red de microcréditos ilegales que ofrecía préstamos con elevadas tasas de interés a la ciudadanía.

Bajo la modalidad delincuencial ‘gota gota’ o ‘paga diario’, los delincuentes lograron amasar 13.000 millones de pesos en total y conseguían extraer de sus clientes cerca de 18 millones de pesos diarios. Los intereses de los préstamos, de acuerdo con el ente acusador, tienen un porcentaje mayor al 40% dentro de la ganancia neta. Once presuntos integrantes del entramado criminal fueron capturados y judicializados por lucrarse ilícitamente y, luego, intentar invertir el dinero para formalizar su obtención.

De acuerdo con el ente acusador, sería una pareja de esposos los cerebros de la organización, conocidos como ‘los patrones’, quienes estaban encargados de administrar y controlar los préstamos que no solo se ofrecían para estratos bajos o a personas no bancarizadas. La autoridad estableció que la oferta de créditos de la red criminal iba dirigida a todos los estratos socioeconómicos en varios municipios del departamento.

La organización se dividía en 18 coordinadores de rutas que lograron obtener hasta 200 clientes de dichos préstamos. En caso de no recibir pagos, incluyendo la costosa tasa de interés, los delincuentes procedían a amenazar a los usuarios y, en ocasiones, los violentaban. Para esto, la red criminal contaba con un componente de hombres armados para intimidar a los clientes.

La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía logró establecer que la red ilegal llevaba registro computarizado de quienes les debían dinero. Por medio de una aplicación telefónica llamada “COBROS CRÉDITOS WABR3”, se seguían a las víctimas y se llevaba un balance en tiempo real de las operaciones financieras de la banda.

“Estas herramientas permitían tener un control minucioso de ingresos y egresos, ocultar la identidad de los clientes; y hacer seguimiento satelital a los llamados ‘ruteros’, hombres que se encargaban de hacer las entregas de los dineros o realizar los cobros de los intereses”, detalló el ente acusador, el cual también indaga la posibilidad de que hubiesen empresas legales suministrando carnés a los cobradores para identificarlos como mensajeros.

De esa manera, los delincuentes lograban enmascarar a sus ‘ruteros’ y hacerlos parecer funcionarios de empresas. Con esto, lograron evadir las restricciones de movilidad a raíz de la pandemia del COVID-19. En plena crisis económica, los cobradores lograron amenazar a habitantes de los municipios de Galapa, Soledad, Baranoa y Barranquilla.

Entre 2015 y 2020, los delincuentes movieron cerca de 11.231 millones de pesos a la economía formal del país. Intentando blanquear el capital ilegal, la pareja que administra el entramado compró inmuebles y combustible por medio de empresas fachada de estaciones de servicio de gasolina. Entre las propiedades, la pareja alcanzó a poseer casas, apartamentos, lotes y vehículos de alta gama.

Ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la pareja declaró 300 millones de pesos y deuda inexistente con proveedores de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, la autoridad impositiva determinó que los movimientos de las personas se realizaban en efectivo para inyectar dineros ilícitos a las compañías fachada.

Por esto, a los once capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. En las próximas horas, un juez de control de garantías definirá las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para cada uno de los implicados. Las penas que podrían encarar los implicados se extenderían de los 3 a 30 años en prisión.

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