Condenan al exmagistrado Francisco Ricaurte a 19 años de cárcel

El exintegrante de la Corte Suprema de Justicia fue hayado culpable de corrupción en el caso conocido como ‘el cartel de la toga’.

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El juez 10 penal del circuito de Bogotá señaló que no encontró ninguna prueba de la inocencia de Francisco Ricaurte, por lo que emitió una condena de 19 años y dos meses de cárcel en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente, Ricaurte, quien también fue presidente de ese alto tribunal, deberá pagar una multa de 485 salarios mínimos legales vigentes, que asciende a más de 440 millones de pesos, y estará inhabilitado por el tiempo de condena.

La pena deberá ser cumplida en centro carcelario, debido a que el juez no aceptó la reclusión domiciliaria y los delitos no permiten su suspensión, los cuales fueron: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias de servidor público.

La condena fue ligeramente inferior a la solicitada por la Fiscalía. El ente investigador había planteado una pena carcelaria de 24 años de cárcel y 562 salarios mínimos de multa.

El juez rechazó una nulidad presentada por la defensa de Ricaurte, en la que manifestaron que no habían sido escuchados testigos en favor del procesado. Pero el funcionario judicial argumentó que los abogados defensores poseían otros mecanismos para probar la inocencia del acusado.

Por el contrario, la Fiscalía sí logró probar la culpabilidad del exmagistrado y el testimonio de Luis Gustavo Moreno se mantuvo durante todo el proceso y no se encontró evidencia de faltas a la verdad.

Desde 2017, Ricaurte fue vinculado al proceso como el cerebro detrás de una organización criminal al interior del sistema judicial. Las investigaciones indicaron que el exmagistrado estuvo vinculado al menos con seis casos en los que se habían torcido las decisiones para beneficiar a políticos investigados y aforados constitucionales, a cambio de altas sumas de dinero.

En el entramado de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno se encargaba de acercarse a los denominados ‘clientes’ para pedirles dinero a cambio de la mediación ilegal. Cuando las personas contactadas accedían a pagar, la suma era distribuida entre Ricaurte Gómez y los otros señalados integrantes de la estructura, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones.

La Fiscalía encontró Ricaurte cometió al menos tres cohechos a título de dolo, es decir con pleno conocimiento, los cuales se presentaron en casos que se seguían en el despacho de Gustavo Malo Fernández. Uno en contra del excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quien entregó 1.200 millones de pesos para dilatar o archivar la investigación en su contra por nexos con grupos paramilitares. En ese soborno, Ricaurte se quedó con 400 millones.

En otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron dos pagos por 250 y 290 millones de pesos. Un tercer evento está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía para presuntamente demorar un proceso por corrupción

A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, reiteró el juez de su pronunciamiento en la pasada audiencia.

En esa ocasión, el juez dijo que tras el exhaustivo análisis del material probatorio, se comprobó que existió una red criminal dentro de la Corte en la que se beneficiaba a servidores públicos que eran investigados por corrupción, bajo el liderazgo de Francisco Ricaurte y otros funcionarios como Luis Gustavo Moreno y el exfiscal Alfredo Betín.

“Como estrategia diseñada por la organización criminal, concierto para delinquir, con los mal llamados clientes de dicha organización bajo el manto protector de su líder doctor Francisco Javier Ricaurte o a quienes se acercarán a dicha organización criminal”, precisó el juez.

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