La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, presa en la cárcel de Valledupar, recobró su libertad este martes, por vencimientos términos. Pese a que, el juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha había ordenado prorrogar por un año más la orden de captura en contra la exmandataria, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
Oneida Rayeth Pinto Pérez fue alcaldesa en dos ocasiones del municipio de Albania, y primera gobernadora electa que tuvo el departamento de La Guajira, sin embargo, en su segundo mandato el 7 de junio de 2016, el Consejo de Estado de Colombia anuló la elección de Pinto como gobernadora. Luego saldría a la luz más de un caso de corrupción en su contra por desvió de los recursos territoriales.
De acuerdo con El Tiempo, su abogado, Antonio Luis González, afirmó que el motivo del vencimiento de términos es que pasaron los 240 días calendario que la ley prevé para iniciar el juicio y este aún no se ha iniciado, porque la Fiscalía hizo varias peticiones de cambio de radicación, para que el proceso pasara de La Guajira a Bogotá, que distintos jueces le negaron.
“La fiscal que tiene le caso, como el caso está en La Guajira, pidió cambio de radicación para que el proceso pasara a Bogotá, eso se lo negó por un juez en Maicao, pero la fiscal pasó esa petición al tribunal de La Guajira, que también negó el cambio de radicación. La Fiscal hizo una tercera petición, una tutela ante la Corte Suprema contra el tribunal, y su tutela fue declarada improcedente; no contenta con eso hizo una cuarta petición a la Corte Suprema y el 3 de marzo pasado se la negaron por improcedente. Las solicitudes de la Fiscalía contribuyeron a ese vencimiento de términos, no fue la defensa la que generó ninguna maniobra para esto”, señaló González.
Pese a que quedo en libertad, la exfuncionaria, continúa vinculada en la investigación por las presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre los años 2010 y 2011. La mujer estuvo prófuga por un año, y se había entregado a las autoridades el 12 de julio de 2020.
Pinto Pérez fue imputada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, debido a las irregularidades acaecidas en contratos de obra de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania, La Guajira, en 2010 y 2011.
Según la Fiscalía, cuando la exmandataria estuvo en la Alcaldía firmó un contrato por 6.675 millones pesos para adoquinar las calles del municipio de Albania, pero con las adiciones el contrato subió a 12.590 millones de pesos. Además, en 2008, cuando estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa , junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra le dieran manejo a las grandes contrataciones municipales.
En otro proceso la acusan de estar relacionada con un convenio interadministrativo entre la alcaldía de Albania y el hospital de ese municipio para reducir los índices de mortalidad infantil, el cual habría ocasionado una pérdida de recursos por 6.900′000.000 de pesos. Actualmente, se calcula que la exfuncionaria tiene al menos 6 procesos en su contra.
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