Los bienes de Pablo Escobar que terminaron enredados en un pleito judicial con el Estado

En el 2008, Jaime Salazar compró en una subasta pública tres propiedades que pertenecían a la sociedad Valencia Henao, la cual desde 2003 fue embargada y extinguida por ser parte del entramado societario de la familia Pablo Escobar. Las propiedades que el empresario adquirió fueron: una bodega, el 50% de un local bodega y una oficina y depositó por ellas, tres cheques por $1.938 millones, el valor total de los inmuebles, a la cuenta del entonces liquidador Pablo Arango, designado por la extinta Dirección Nacional para administrar la sociedad Valencia Henao., como lo mencionó El Espectador.

El negocio que parecía cerrado hasta la fecha no se ha firmado oficialmente, pues como denuncia Salazar la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no se ha aprobado el tramite y no ha firmado las escrituras de las propiedades para el traspaso.

El ingeniero le contó al medio colombiano que todo parecía normal porque siempre recibió su parte de los arriendos, pero notó que el liquidador Arango empezó a enredar la firma de las escrituras. Al indagar qué pasaba, Salazar se dio cuenta que su 50% del local y la oficina estaban embargados porque la sociedad Valencia Henao estaba inmersa en una demanda civil. Además, descubrió que la oficina y los dos parqueaderos que compró por $240 millones tenían una deuda con la administración del edificio por $245 millones.

Por lo que el empresario le exigió al liquidador solucionar el problema, pero su respuesta no fue la que esperaba, pues le dijo que él debía sanear el bien, a lo que Luis Salazar se negó y hasta pidió el reintegro del dinero de la compra. Pero esto nunca paso.

La razón, por la que cree el empresario que las escrituras nunca se firmaron es porque Pablo Arango no quería perder el negocio de seguir recibiendo honorarios por ser liquidador de la sociedad Valencia Henao, además que firmar las escrituras significaba el fin de la sociedad, pues ya no quedaba nada por administrar.

Por otro lado, el ingeniero denunció que el liquidador no solo no hizo el tramite del traspaso de papeles, sino que no pagó los impuestos prediales. Esto significa, que al no presentar en las notarías los paz y salvo requeridos el trato no se puede cerrar.

En el 2011, se levanto el embargo y en el 2013, diferente a lo que lo que creía el empresario, de que por fin iba ha solucionar todo, se anunció la liquidación de la DNE y todos los bienes del Frisco pasaron a manos de la SAE.

Para el 2014, cuando la SAE entró en operación, comenzaron nuevamente, los tramites y las cartas que durante 3 años no tuvieron efecto alguno, sin embargo, en ese tiempo seguía recibiendo el dinero que le correspondía por los arriendos de los inmuebles. Pero, por la falta de respuesta para firmar las escrituras, interpuso una demanda en el 2017 que llegó al Consejo de Estado. En ese momento, la SAE suspendió el pago de cánones a favor de Salazar y argumento que esto, fue ya que la SAE no lograron demostrar que el empresario pago por los tres inmuebles de la Sociedad Valencia Henao.

Salazar perdió en los estrados judiciales porque no logró acreditar el pago, pues el Banco Agrario, la entidad en la que depositó los cheques con los que pagó los bienes en 2008, no le envió los comprobantes de pagos. Pero, en el 2019 luego de una tutela, el ingeniero antioqueño logró que la Vicepresidencia del Banco Agrario le enviara una certificación del ingreso del dinero a las cuentas autorizadas por la DNE. Con esta prueba, el empresario presentó ante la SAE una petición para la suscripción de las escrituras, y una vez más la SAE se negó.

Frente a esto la SEA, manifestó que hubo muchos inconvenientes en el proceso. Por ejemplo, ue el comprador consignó el valor de la venta en una cuenta personal del depositario Pablo Arango, por lo que la validación de los ingresos a las cuentas del FRISCO fue muy dispendiosa porque el liquidador los entregó un año después.

Finalmente, la SAE señaló al El Espectador que al presentar el caso al Comité de Negocios del Nivel Central, decidieron en su sesión 91 que aprobaban la escrituración de la bodega y el local bodega a favor de Luis Jaime Salazar. Frente a las oficinas indicaron que siguen inmersos en un proceso de demanda por parte del administrador del edificio porque siguen cuotas pendientes por pagar.

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