La Fiscalía se defiende de las críticas ante posible preclusión del proceso contra Uribe: asegura que ha sido “transparente”

Tras casi un mes de críticas y cuestionamientos, la Fiscalía General de la Nación publicó, este miércoles 24 de marzo, un documento de 14 páginas con el que busca defender la decisión de pedir la preclusión del caso contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez. El mismo funciona como respuesta a la carta firmada por 1.290 personas, incluidos académicos y senadores, que mostraron su desacuerdo y solicitaron garantías en el proceso.

El documento, firmado por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Carlos Saboyá, aborda cada una de las quejas que pudieran existir en contra de la preclusión, partiendo por el principio de autonomía e independencia que tienen los fiscales encargados del caso contra el líder del Centro Democrático, por la comisión de los delitos de soborno y fraude procesal.

Al respecto, señala que los investigadores “han actuado con estricta sujeción a los principios y normas constitucionales y procesales que se erigen como garantía de los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Entre ellos, el principio de autonomía e independencia, el principio de legalidad, el principio de publicidad y trasparencia”. De igual forma, afirma que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, no puede, por constitucionalidad, incidir en el resultado de la investigación.

Posteriormente, se refiere al principio de imparcialidad, el cual señala, ha garantizado en todo momento como Fiscalía. De igual forma, “ha atendido las recusaciones que han sido propuestas por los apoderados del senador Iván Cepeda Castro”, parlamentario que en repetidas ocasiones ha pedido el cambio del fiscal Gabriel Jaimes como encargado del proceso.

Cepeda llegó, incluso, a demandar a Jaimes, alegando falta de garantías, pues buscó “favorecer los intereses del procesado, y en vez de apartarse, ha fungido como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe. Las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones del imputado”.

Al respecto, la Fiscalía determinó en su documento que, el funcionario “no tiene ningún interés directo o indirecto respecto a la investigación seguida en contra del mencionado ciudadano —Uribe—, es decir, no ha tenido ninguna relación con el imputado que afecte o interfiera en su capacidad de decisión y que permita afirmar que está desviando la investigación”.

De igual forma, la carta de Saboyá señala que Jaimes no había tenido contacto previo con el proceso, que estuvo inicialmente bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, habla del principio de legalidad y argumenta que, bajo el mismo, las conductas de la entidad deben enfocarse en demostrar y justificar que Uribe Vélez si cometió una conducta punible. Para ello, señala, se deben respetar las garantías del senador Cepeda como víctima, pero también las reglas del proceso penal como el derecho al debido proceso y a la defensa por parte del exsenador antioqueño.

Además, comenta que también hay que tener en cuenta que en todo momento se ha respetado el principio de publicidad y transparencia, señalando que ha permitido ejercer control y vigilancia sobre el desarrollo del proceso por parte de cualquier ciudadano; y del de objetividad, pues se han tenido a consideración todos los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida.

“En ese sentido, no es posible afirmar que haya ‘impunidad’, un ‘desconocimiento de los medios de convicción’ o ‘una desviación de la investigación’”, asegura el documento, que entre otras cosas también concluye que la entidad actúa “con estricta sujeción a los principios y normas constitucionales y procesales que se erigen como garantía de los derechos fundamentales”.

El documento, que es más una seguidilla de normas y leyes bajo las que se debe regir la Fiscalía que un portafolio de documentos o pruebas que demuestren que efectivamente las está cumpliendo, no ha sido directamente abordado por el senador Cepeda. No obstante, el parlamentario si publicó desde esta mañana una nueva serie de preguntas para el ente acusador con respecto al proceso. Algunas de ellas son:

• ¿Por qué no se ha llamado a declarar a otros intermediarios de Uribe con falsos testigos como Wilser Molina, Jorge Mario Gallón, Luis Alfredo Ramos, Jaime Restrepo -’El Patriota’-, José Obdulio Gaviria, Juan G. Villegas, Humberto Gómez Garro?
• ¿Cómo es posible que después de que Uribe haya presentado más de 20 falsos testigos, 2 de los cuales se han retractado denunciando sobornos y presiones, y otros firmaron cartas preparadas por intermediarios de Uribe, la Fiscalía pida preclusión?
• ¿Por qué no se investiga a fondo el uso que hizo Uribe de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para que sirvieran de intermediarios con falsos testigos?
• ¿Por qué en vez de investigar a quienes rindieron falso testimonio y fueron objeto de compulsas por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía los llama de nuevo como testigos en mi contra, con el propósito de reciclar sus declaraciones iniciales?

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