Jornada escolar de colegios públicos de Ituango podría afectarse por amenazas contra el cuerpo docente

Los docentes del municipio de Ituango, al norte de Antioquia, se convirtieron en las nuevas víctimas de las intimidaciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Al menos diez profesores nombrados en colegios oficiales del territorio, gracias a la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, denunciaron ante la Personería municipal que los subversivos los amenazaron de muerte. Así mismo, se presume que otro grupo grande de docentes está en riesgo, pero no han denunciado por miedo.

Las autoridades explican que, los afectados son originarios de otros municipios de Antioquia, hecho que habría motivado a los disidentes para enviar las amenazas. Versiones preliminares indican que las advertencias violentas iniciaron en febrero y se han intensificado en los últimos días. Los criminales, además de amedrentar a los docentes por teléfono, también los han abordado en la carretera para exigirles que salgan del municipio.

Esta situación pondría en riesgo el desarrollo de las clases de al menos 1.500 estudiantes ituanguinos de básica primaria que apenas estaban volviendo a clases presenciales en modo alternancia.

“A muchos de ellos les han llegado las amenazas por teléfono, de manera presencial o en la vía que conduce a sus escuelas. Les han dicho que tienen que desocupar (...). Nosotros proyectamos a que cerca de 1.500 niños les será muy difícil que les brinden la educación como debe ser”, contó Edwin Mira Sepúlveda, alcalde de Ituango.

Por el momento, los afectados que denunciaron a los subversivos salieron forzadamente del territorio en las últimas horas. Los docentes están en Medellín, capital antioqueña, esperando que la situación de violencia mejore pronto en Ituango.

Según las autoridades, en esta zona, además de las disidencias de las Farc, también hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como ‘Clan del Golfo’, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo narcoparamilitar ‘Los Caparros’. Ellos se disputan el territorio porque el noroccidente antioqueño es un corredor estratégico para desarrollar actividades relacionadas al narcotráfico.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que el recrudecimiento de la violencia en el departamento es crítica y va en aumento, por lo que le solicitó al Gobierno nacional ordenar mayor presencia del Ejército Nacional en esa zona.

“Advertimos por la presencia fortalecida del ‘Clan del Golfo’, el ELN, ‘Los Caparros’ y el Residual. Es una situación compleja, lo entendemos y siempre pedimos apoyo del Gobierno Nacional con mayor presencia del Ejército”, manifestó Suárez.

Esta noticia se conoció horas antes de que la organización Proceso Social de Garantías informara que dos activistas de Tarazá, municipio ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, fueron amenazados por grupos armados ilegales, lo que los obligó a salir de ese territorio junto con sus familias. Entre los líderes en riesgo está el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Caucana, corregimiento adscrito a Tarazá.

“A dos líderes, por amenazas, les tocó desplazarse con todos sus núcleos familiares de manera forzada a otras zonas del país. Esto obedece al control territorial y a la disputa entre las AGC y ‘Los Caparros’ que quieren someter a la población y, en cierto grado, lo han logrado. Es una situación sobre-diagnosticada en la alerta temprana 045 con 23 oficios de consumación de riesgo”, denunció Óscar Yesid Zapata, vocero de Proceso Social de Garantías.

También cabe mencionar que, este mismo martes el Sistema de Monitoreo de Riesgo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que, en lo que va de este año, cada media hora un colombiano se vio obligado a abandonar forzosamente su hogar.

Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño son los departamentos con más casos reportados. De acuerdo con el informe quincenal de la UIA, los daños son desproporcionados cuando se analizan los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas y afrodescendientes.

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