HRW solicita que el asesinato de Dilan Cruz sea investigado por la justicia ordinaria

Este miércoles 24 de marzo, Human Rights Watch y la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy Human Rights solicitaron a la Corte Constitucional enviar el expediente del caso del asesinato de Dilan Cruz a la justicia ordinaria, pues dicen que, en la justicia militar no se garantizan “investigaciones imparciales sobre violaciones a derechos humanos”.

De acuerdo con la organización de derechos humanos, las autoridades colombianas “deben respetar el derecho a la asamblea pacífica y garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre el uso de la fuerza policial en contra de manifestantes, incluyendo casos de homicidios”.

En el documento se asegura que, la ONG apoya la tutela que pide transferir la investigación penal sobre la muerte de Dilan Cruz de la justicia penal militar, donde se encuentra actualmente, al sistema de justicia ordinaria.

El escrito también explicó las obligaciones que tiene Colombia de proteger y respetar el derecho a la asamblea pacífica, así como de garantizar los derechos de las víctimas a obtener justicia y reparación.

Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, dijo que, “la justicia penal militar en Colombia no garantiza investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y no debería tratar el caso de Dilan Cruz”.

Cabe recordar que, el asesinato de Cruz ocurrió el 23 de noviembre de 2019, durante el paro nacional, cuando un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparó a la cabeza del estudiante durante una manifestación en el centro de Bogotá.

Cruz murió dos días después a causa de esta herida y las autoridades colombianas determinaron que había sido impactado por una munición conocida como “bean bag”, que consiste en una pequeña bolsa de tela que contiene perdigones, en general de plomo. Estas municiones están diseñadas para ser disparadas hacia las extremidades del cuerpo a fin de limitar el daño que provocan.

El 12 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura remitió el caso a la Justicia Penal Militar donde ha habido pocos, si es que algún, progreso. Hasta ahora, ningún oficial ha sido imputado en relación con la muerte de Cruz.

En el documento, Human Rights Watch aseguró que, dentro de sus investigaciones se determinó que, en varios casos, la Policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y detenciones arbitrarias.

Los abusos policiales continuaron en 2020, según el informe de la ONG. Por ejemplo, en septiembre del mismo año, el estudiante de Derecho Javier Ordoñez murió a manos de policías que le aplicaron descargas eléctricas con una pistola paralizante.

La muerte movilizó a cientos de colombianos a salir a las calles y realizar manifestaciones mayormente pacíficas. La Policía respondió con un uso de la fuerza que en muchos casos habría sido excesivo, dejando 13 personas muertas y cientos de heridos.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que, la “Corte Constitucional de Colombia debe enviar un mensaje claro de que los oficiales que participen en violaciones de derechos humanos serán investigados, procesados y castigados”.

“En la práctica, la impunidad en estos abusos permite que las violaciones de derechos humanos continúen”, finalizó Vivanco.

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