Durante la pandemia en Colombia, aumentaron los desplazamientos, desapariciones y víctimas de minas antipersonas, según la CICR

El recrudecimiento de la violencia en el país en 2020, en especial desde marzo, cuando se comenzaron a tomar las primeras decisiones para el manejo de la pandemia, es un hecho que han venido denunciando organizaciones no gubernamentales e institutos como Indepaz. Y este 24 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia lo ratificó.

Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación de la CICR en Colombia, presentó este miércoles el balance humanitario del país en 2020 y apuntó que, “el covid-19 agravó las consecuencias de los conflictos y la violencia”. El recrudecimiento, según él, viene de dos o tres años para acá, pero tomó fuerza el año pasado, debido a la pandemia.

Lo que sucedió, explicó el CICR, en línea con expertos en conflicto armado como Luis Fernando Trejos, fue que los grupos armados “impusieron medidas de control severas con el argumento de intentar detener el contagio del virus” en regiones olvidadas por el Estado y que llevan décadas padeciendo la violencia, aun después del Acuerdo Final de Paz.

En el marco del conflicto armado, el confinamiento y el desplazamiento fueron una realidad para cerca de 50.000 colombianos, que según el CICR tuvieron que elegir entre huir por salvar sus vidas (debido a los combates entre estructuras ilegales al margen de la ley, y la presión que ejercen) y resguardarse en sus hogares, pese a la afección económica que ello implicó. En Nariño, por ejemplo, se documentó un desplazamiento masivo cada once días en 2020.

En Colombia fueron 21.307 ciudadanos los afectados por desplazamientos masivos —más de diez personas— en 2020. Y los cinco departamentos que más padecieron esta manifestación de violencia fueron Nariño (45 %), Chocó (24 %), Antioquia (14 %), Norte de Santander (6,5 %) y Cauca (3%), evidencian las cifras del CICR.

Para el CICR, son cinco las partes involucradas en el conflicto armado que se vive en el país: el Estado colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las estructuras de las antiguas FARC-EP disidentes de los Acuerdos de Paz (Frentes 1, 7 y 40 - Comando Coordinador de Occidente).

En el balance presentado por el CICR, Lorenzo Caraffi reportó 114 casos de desaparecidos en 2020, es decir, uno cada tres días. De ellos, 95 son colombianos, 18 venezolanos y un suizo; del total, 102 son civiles y diez menores de edad.

“El fenómeno de la desaparición desafortunadamente es algo histórico de Colombia, pero de nuevo nos preocupa la tendencia”, manifestó Caraffi en la presentación pública del balance. Desde la entrada en vigencia de los Acuerdos de Paz en 2016, ya son 571 lo desaparecidos.

Pese a que en 2020, el CICR contribuyó con el reencuentro de 22 ciudadanos en poder de estructuras armadas con sus familias y recuperó los restos de 16 desaparecidos, la pandemia impidió con las labores de búsqueda de los demás.

Este 2021, las imágenes de comunidades indígenas y campesinas abandonando sus territorios en Chocó y Antioquia dejaron en evidencia la utilización de minas antipersonas, activadas por grupos al margen de la ley, para ejercer control en algunas regiones. Y el CICR confirmó que esta fue otra problemática que se acrecentó desde el año pasado, cuando hubo 389 víctimas de artefactos explosivos.

“No se trata de minas que hayan sido sembradas o artefactos que existían antes de 2016, son artefactos nuevos”, explicó el jefe de la delegación del CICR en Colombia. Además, agregó que la instalación de estos artefactos se extendió a 41 municipios donde en el 2019 no los había.

Los ataques a las misiones médicas también incrementaron en la pandemia, un 49 % en comparación con 2019, para ser exactos. Tal número de ataques, 325 el año pasado, no se daba desde 1996.

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