En las últimas horas las autoridades encontraron la camioneta del empresario Jimmy Mejía cerca del sector de San Pedro, próximo al municipio de Buga. El automotor había sido incinerado y se encontraba en un cañaduzal.
Al parecer, Mejía se desplazaba en ese vehículo desde el municipio de Andalucía, al norte del departamento, pero en el trayecto fue intervenido por hombres armados que detuvieron el vehículo y le prendieron fuego.
De acuerdo con la emisora Blu Radio, el empresario habría sido secuestrado por los delincuentes, quienes lo llevaron al interior de la selva de la zona rural del municipio de San Pedro.
“El se desplazaba en los sectores entre San Pedro y Andalucía, donde fue interceptado por un falso retén y se lo llevaron, lo único que se sabe es que la camioneta donde se transportaba fue incinerada”, afirmó a la emisora un amigo personal de Mejía, el exalcalde de Cali Ricardo Cobo.
Según indicó el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés, el secuestro posiblemente fue obra de las disidencias de las Farc a nombre de Adán Izquierdo que delinque en la zona y fue golpeado con la muerte de una mujer perteneciente a su organización, en una acción de la fuerza pública, en la que también se logró la captura de tres presuntos miembros durante la semana pasada.
El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en dar a conocer la información a través de su cuenta de Twitter, en la que compartió una información que indicaba que el secuestro se habría producido sobre las 9:00 am. de este 23 de marzo.
El representante a la Cámara por el partido Liberal, Juan Fernando Reyes Kuri, también rechazó la situación y pidió la acción de las autoridades. “Espero que las autoridades actúen con celeridad en el caso de Jimmy Mejía. El Valle del Cauca no puede convertirse en territorio de intimidaciones e inseguridad. No podemos volver al pasado”, señaló a través de su cuenta de Twitter.
Las autoridades no se han pronunciado hasta el momento, pero según se pudo establecer, el Gaula Militar asumió el caso y prepara la información del hecho para dar declaraciones al respecto.
La situación de inseguridad en el Valle del Cauca preocupa a los habitantes de ese departamento del pacífico sur colombiano. En la última semana, en la ciudad de Tuluá lanzaron una granada contra un CAI en el que resultó herido el policía de turno y una menor de edad. Así mismo, el alcalde de esa población fue emboscado el pasado 14 de marzo y tres militares y un policía parte de su esquema de seguridad resultaron heridos en el hecho.
En San Pedro, donde aparentemente sucedió el secuestro del empresario cañicultor Jimmy Mejía, delinque la estructura de Adán Izquierdo, un comandante de la extinta guerrilla de las Farc que no se acogió al Acuerdo de Paz y se ha reorganizado en el departamento del Valle del Cauca.
El pasado 22 de marzo, las autoridades confirmaron un nuevo golpe contra el grupo armado organizado residual que dirige, pues en procedimientos adelantados por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se dio con la captura de tres personas en situación de flagrancia con armas, munición, un dron, prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y elementos alusivos a los grupos disidentes.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, soldados de las tropas del Batallón Palacé del Ejército Nacional sostuvieron un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de la estructura residual Adán Izquierdo, en la vereda El Diamante, del corregimiento La Habana de Buga.
Durante los procedimientos adelantados se registró el fallecimiento de una persona, quien sería la compañera sentimental del segundo cabecilla de la estructura, mientras que otras tres fueron detenidas en inmediaciones de una finca. En el complejo fueron encontrados diferentes elementos que eran almacenados por el grupo disidente, entre ellos un dron, cuatro fusiles, tres pistolas, cinco granadas de fragmentación, munición de diferentes calibres, proveedores para fusil, radios de comunicación, celulares, siete computadores portátiles, memorias USB, binoculares, material de intendencia militar y documentación con rótulos e información de las estructuras disidentes.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico, porte o tenencia armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.