Informe revela que más de 10.000 estudiantes colombianos han sido estigmatizados por las autoridades

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad continúa recibiendo informes que ayuden a entender el conflicto armado en el país. Este martes 23 de marzo, la Unidad de Investigación Periodística (UIP) de la Universidad Politécnico Grancolombiano entregó un documento titulado ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’, en el que revelan la estigmatización de la que es víctima esta población por parte del Estado. Así mismo, el estudio abarca aspectos de la judicialización de esta población, los señalamientos hechos por los medios de comunicación, los vínculos entre grupos armados y estudiantes y las perspectivas actuales.

Uno de los puntos centrales del informe indica que, entre 2000 y 2018, se abrieron 10.471 procesos judiciales a jóvenes (entre 15 y 25 años) por delitos como rebelión y terrorismo, pero solo 491 fueron hallados culpables. De hecho, del total de casos, 4.155 (39,6 por ciento) no llegó a una investigación y solo 853 jóvenes (8,1 por ciento) tuvieron un juicio

“Entregamos el informe ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’ donde nos preguntarnos cómo el conflicto armado entró a centros educativos y el Estado no hizo nada, por el contrario, persiguió a los estudiantes”, aseguró Juliana Castellanos, directora de la UIP del Politécnico Grancolombiano, durante la entrega del documento a la Comisión.

Esta aseveración fue apoyada por Lizeth León, coordinadora de la investigación, quien señaló que han pasado ya casi dos décadas y el Estado sigue criminalizando a los jóvenes sin pruebas.

“En 17 años el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95 por ciento del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que aún esperan un fallo o que fueron declarados inocentes. Cabe anotar además que esta cifra que ya es aterradora y elocuente no refleja la verdadera dimensión del fenómeno”, aseguró León.

La UIP del Politécnico logró elaborar el informe teniendo en cuenta bases de datos de la Fiscalía General de la Nación a las que el grupo accedió mediante derechos de petición. Este hecho ha dificultado la investigación, por lo que aseguran que, aún no se tiene una dimensión total ni clara de esta problemática.

“Es un fenómeno complejo no solo porque en él intervienen diferentes actores e intereses, con el Estado como el más poderoso y de mayor responsabilidad, sino porque tiene diferentes tipologías: algunas conocidas, como las judicializaciones, detenciones arbitrarias y agresiones policiales; otras más sofisticadas y complejas como el asesinato, la desaparición o la muerte en hechos confusos (por ejemplo, explosiones); y varias difíciles de cuantificar, como el exilio, el hostigamiento y la estigmatización”, se lee en el informe.

El grupo investigativo explica que, cada caso involucra combinaciones distintas de estas formas y se debe entender esta relación para comprender el fenómeno en general. Se señaló que estas historias suelen ser vistas como hechos aislados o representaciones exclusivas de una de estas tipologías, pero pueden estar conectadas.

“Uno de los hallazgos de la investigación muestra cómo se mezclan diferentes tipos de estrategias para criminalizar a los estudiantes, a veces hay acciones violentas y directas y en otras oportunidades son más ‘sofisticadas’”, dijo Lizeth León.

En el documento hay tres apartes especiales que abordan casos de estudiantes que fueron ampliamente divulgados por los medios de comunicación: Violeta Arango, Mateo Gutiérrez y Ricardo Ruiz. Según la UIP, estas historias “muestran diferentes caras del fenómeno de criminalización de estudiantes en Colombia”.

“Nosotros terminamos víctimas de este fenómeno de montajes judiciales cuando nuestro hijo a la edad de 20 años fue capturado, acusado mediáticamente. Mi hijo fue reseñado en medios con pruebas totalmente absurdas. En Colombia se realizan dos juicios: el de los estrados judiciales y el paralelo en medios de comunicación, en estos juicios mediáticos se viola el derecho al buen nombre, al debido proceso y a la presunción de inocente”, expresó Aracely León, madre de Mateo Gutiérrez.

Cabe mencionar que, al recibir el informe, la Comisión de la Verdad aseguró que tendrá en cuenta el documento como parte del proceso de escucha plural e investigación que lleva a cabo.

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