Feliciano Valencia denunció retención, y posterior asesinato, de un comunero en Inzá, Cauca, por parte de disidencia de las Farc

El líder social fue la tercera víctima de la violencia de grupos armados en marzo. La Asamblea departamental y el Cabildo indígena llamaron la atención de las autoridades para que los casos no caigan en la impunidad.

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En la imagen un registro del senador indígena colombiano Feliciano Valencia, quien denunció la muerte de un comunero y heridas a un joven indígena en Cauca. EFE/Ernesto Guzmán/Archivo
En la imagen un registro del senador indígena colombiano Feliciano Valencia, quien denunció la muerte de un comunero y heridas a un joven indígena en Cauca. EFE/Ernesto Guzmán/Archivo

A primera hora del pasado lunes festivo, el senador Feliciano Valencia denunció que disidentes de las FARC secuestraron a un grupo de jóvenes en el Cauca, uno de ellos comunero de la Guardia Indígena de dicho departamento.

Valencia acudió a su cuenta de Twitter para emitir la alerta, una más de la violencia que golpea a los pueblos originarios del Cauca.

Escribió que: “Esta madrugada fueron retenidos un grupo de jóvenes en el poblado San Andrés del resguardo indígena San Andrés de Pisimbalá, zona Tierradentro, Cauca. Fueron trasladados en una camioneta al parecer por las disidencias de las FARC - Dagoberto Ramos. Noticia en desarrollo”.

Pero, minutos después, el líder indígena tuvo que informar del fatal desenlace de dicha retención: “Fueron 4 los jóvenes indígenas secuestrados en el resguardo San Andrés de Pisimbalá esta madrugada. Los trasladaron en una camioneta hacia la vereda Pisimbalá y allí asesinaron a Gilberto Findicué, hirieron a Alex Cunacué y los otros dos jóvenes lograron escapar de sus captores”.

En horas de la tarde, Valencia compartió el comunicado emitido por la Asamblea Departamental del Cauca y el Cabildo indígena, que se pronunciaron con respecto a la muerte del joven comunero Gilberto Findicué.

“Condenamos enérgicamente el asesinato de Gilberto Findicue Achicue y las agresiones a otros 3 comuneros. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a proteger nuestras comunidades y a las organizaciones defensoras de DD.HH. a visibilizar y denunciar la violencia que padecemos”, dice el comunicado de dos páginas en el que se instó a las autoridades a establecer medidas de protección efectiva para las comunidades indígenas y las poblaciones afrocolombianas del centro del departamento del Cauca.

La muerte de Gilberto Findicue Achicue es la tercera en menos de un mes en Inzá, Cauca.

La anterior fue la de Mario Cárdenas, quien se desempeñaba como conductor de una volqueta.

Al parecer, Cárdenas fue interceptado por hombres armados en la carretera que conduce hacia la vereda El Parque, resguardo de San Andrés de Pisimbalá, quienes dispararon contra él en varias oportunidades.

Los habitantes del resguardo alcanzaron a brindarle primeros auxilios antes de conducirlo al centro asistencial en donde falleció por la gravedad de las heridas sufridas en el ataque.

En su momento, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazó el asesinato de uno de sus comuneros e informó que con Cárdenas eran dos los conductores asesinados en vías del departamento.

El turbio panorama de la violencia contra los indígenas en el suroccidente de Colombia

Fotografía que muestra indígenas del Cauca mientras marchan hacia la Plaza de Bolívar el 19 de octubre de 2020 en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía que muestra indígenas del Cauca mientras marchan hacia la Plaza de Bolívar el 19 de octubre de 2020 en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

De acuerdo con un balance presentado en febrero, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), informó de tres masacres y dos asesinatos de líderes sociales en el departamento del Cauca.

La primera de las masacres ocurridas en 2021 fue en Popayán el pasado 17 de enero, la cuarta en el país en su momento. En la noche, sicarios asesinaron a tres jóvenes en una cancha en el barrio El Recuerdo, al sur de la capital del Cauca. Las víctimas fueron Deiby Zúñiga, Jhoan Moreno Chimunja y Daniel Mauricio Fuly. El 29 de enero, se capturó a quien sería el presunto responsable del asesinato y se relacionaron los hechos a rencillas entre pandillas de la zona.

Luego, el pasado 4 de febrero se llevó a cabo otra masacre, esta vez en el municipio de Argelia. En el sector La Balastrera, en vía al corregimiento El Plateado, fueron hallados los cadáveres de tres hombres, abandonados en una carretera. Al lado de los cuerpos, se encontró un panfleto que reza: “nos vemos en la obligación de ajusticiar a estos por infiltrados de ELN. El frente Carlos Patiño asumimos la ejecución de estas personas. Juramos vencer y venceremos”.

Ese hallazgo se dio luego de que, el pasado 28 de enero, fuera encontrado sin vida el concejal Fermiliano Meneses Hoyos, quien, luego de 11 días de búsqueda, tras su desaparición, fue encontrado sin vida en la vereda El Pinche.

Dos días después, el 6 de febrero, ocurrió otro asesinato de este tipo en el municipio de Inzá, en el que perdieron la vida un padre de familia y sus dos hijos menores de edad. Las víctimas de dicha masacre en la comunidad de San Rafael fueron Octavio Muñoz Salazar de 40 años, y sus hijos, Octavio Muñoz Montoya de 15 y Bertulfo Muñoz Montoya de 17 años, quienes presentaron signos de tortura, según indicaron las autoridades.

Según Indepaz, los líderes sociales asesinados fueron Fermiliano Meneses, concejal, y Yordan Eduardo Guetio, líder campesino del municipio de Corinto.

Según los líderes indígenas, no hay interés del Gobierno por participar en escenarios de escucha a las comunidades. “Cada territorio tiene sus complejidades, en esa medida, es el territorio el que decide qué hacer”, dijo Deiby Hurtado, defensor de derechos humanos en el departamento, a Noticias Caracol a propósito del balance presentado por Indepaz.

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