Ejército Nacional inicia el desminado militar en Alto Baudó, Chocó

Las minas antipersona sembradas en medio de este territorio han causado muertes y heridas graves a algunos civiles.

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Después de meses confinados, tratando de evitar pisar las minas antipersona que grupos subversivos plantaron en su territorio, los habitantes de Alto Baudó (Chocó) recibieron una buena noticia: la fuerza pública empezará el desminado de la zona. El proceso, que fue solicitado por la misma comunidad, inició este 23 de marzo y será ejecutado específicamente por miembros del comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional.

En primer momento, los uniformados intervendrán cerca de 105.000 metros cuadrados de la zona rural del municipio, sobre todo los caminos más transitados, los bordes de ríos y áreas de cultivo. El proceso será ejecutado en los corregimientos Miacora, Chachajo, Puerto Luis y Pavarando, también conocido como La Pureza. De igual forma, se inspeccionará el territorio habitado por la comunidad embera dóbida mohamia.

“La intención es verificar sospechas de minas antipersonas en el sector, dada por la información suministrada por nuestra población; así mismo, por la inteligencia de combate, con el único objeto de destruir estos artefactos explosivos improvisados”, explicó el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército.

El inicio del desminado en Alto Baudó es muy importante porque, a causa de los explosivos, la comunidad no ha vivido ni un solo día tranquilo durante 2021, pues varios de sus miembros ya han sido afectados por esos artefactos. Justo el 26 de febrero de este año se dio a conocer que, un joven afrodescendiente de 17 años pisó una mina antipersona y perdió sus dos piernas. De hecho, durante esa semana se registraron cuatro víctimas por explosivos solo en ese municipio chocoano.

La comunidad también se ve afectada porque a causa de los explosivos deben confinarse en sus casas, lo que desata otros problemas como escasez de alimentos y económica, porque muchas veces las minas están plantadas en los cultivos y los civiles no pueden ingresar a estos para trabajar.

“No pueden caminar por los senderos, ni ir a las parcelas porque estamos plagados de minas antipersonal. Entonces, este es un llamado de alerta al Gobierno nacional”, contó Ulises Palacios Palacios, alcalde del Alto Baudó, a finales de febrero, y agregó que la población corre el riesgo de ser asesinada y extorsionada.

Este mismo riesgo lo corren los habitantes de Bojayá, otro municipio de Chocó, por lo que el brigadier general Murillo anunció que este territorio también será intervenido. En ese lugar se inspeccionarán cerca de 130.000 metros cuadrados que hacen parte de la jurisdicción de los corregimientos y resguardos indígenas de Mojaudó, Playa Blanca, Santa Catalina de Corondó y Chanú.

Cabe mencionar que, el proceso de desminado iniciaría en Bojayá una vez se desactiven los explosivos que se encuentren en Alto Baudó.

La difícil situación que atraviesa el departamento del Chocó a causa de la violencia también fue alertada a finales de febrero por los voceros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Patricia Tobón y Leyner Palacios. Ellos denunciaron públicamente la intensificación de acciones armadas sobre los pueblos étnicos del Chocó y afirmaron que la Comisión tiene la obligación moral y ética de alertar sobre los hechos de violencia que llevarían a la repetición de un conflicto de más de cinco décadas.

Leyner Palacios aseguró que, ve con preocupación que las comunidades del departamento de Chocó estén en medio del enfrentamiento armado y las minas antipersonales. Además, afirmó que la decisión de no negociar está afectando a las comunidades. Considera que por la vía militar no se va a resolver el conflicto y que no se puede seguir escuchando los testimonios de los habitantes de estas zonas del país sin hacer nada al respecto.

“Al menos 4.741 personas de la comunidad indígena moamía en el Alto Baudó están confinadas desde el 19 de febrero por los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. En Murindó, alrededor de 1.200 personas del pueblo embera eyábida y los resguardos del río Murindó y Chageradó están confinados por la instalación de minas antipersonal en sus territorios por parte del Eln”, sentenciaron durante la rueda de prensa.

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