Dos empleados de una IPS dedicada a la atención de la comunidad Wayuu fueron imputados por apropiación ilícita de recursos

La lucha contra la corrupción, definida como una prioridad por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, arrojó un nuevo resultado esta vez en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira. Dos personas fueron judicializadas por presuntas irregularidades en contratación luego de ser señalados de apropiarse de más de 2.000 millones de pesos, destinados a combatir la desnutrición en las comunidades indígenas Wayuu.

Se trata del excandidato al senado y gerente financiero de la Institución Prestadora de Salud (IPS) Sol Wayuu, Julio Cesar Castillo; y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de la entidad, quienes fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos investigados se remontan a junio del 2015 cuando se subscribió un contrato con la Alcaldía de Manaure (La Guajira), cuyo valor ascendió a los 8.000 millones de pesos y el cual tenía un plazo de ejecución de cinco meses. En ese caso, gran parte de los recursos provenían de regalías.

El citado contrato tenía por objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias Wayuu (8.182 personas) en estado de vulnerabilidad, estas debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición como también otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.

Según las autoridades, el material de prueba demostró que los hoy procesados habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de unos 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos. Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar un contrato de esta magnitud.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los señalados.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía expuso otras aparentes inconsistencias como:

- Julio César Castillo, gerente financiero de la IPS, habría girado, endosado y cobrado para sí mismo 30 cheques por un valor de más de 3.000 millones de pesos.

- La IPS subcontrató con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto.

- 900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%.

- El agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, se hizo a través de carro tanques.

- De los 8.000 beneficiados definidos hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto.

- Se reportó la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato; sin embargo, muchos de estos contratistas hicieron trabajos esporádicos que fueron facturados por cifras superiores a $58′000.000.

- En los registros figuran visitas a dos o tres comunidades en un mismo día, algo imposible de cumplir teniendo en cuenta las distancias de 5 a 6 horas entre los pueblos Wayuu.

- Se facturaron los servicios de traductores de lengua wayuunaiki. Esta labor la realizaron conductores, vacunadoras o auxiliares de enfermería.

Catillo lleva más de 25 años trabajando en la Región Caribe, como empresario y gestor social y, en 2014, aspiró al senado de la República por el partido Cambio Radical.

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