En una investigación conjunta de la sección judicial del diario El Espectador y el servicio informativo de la emisora Blu Radio, fueron divulgadas las ordenes impartidas por el fiscal Gabriel Jaimes a su grupo de trabajo para recoger las pruebas que utilizará en su alegato de preclusión por el caso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Jaimes, quien asumió funciones el pasado 3 de septiembre, contó con el expediente compilado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, repitió algunas pruebas que el alto tribunal ya tenía en su poder.
De acuerdo con el extenso inventario presentado en exclusiva por El Espectador y Blu Radio, el fiscal Jaimes emitió 14 órdenes judiciales y solicitó 28 pruebas, éstas últimas relacionadas con Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, además de otros testigos, a favor y en contra, en el caso Uribe.
A continuación, los elementos más destacados del reporte de El Espectador y Blu Radio.
Nueva ronda de entrevistas a testigos
A días de tomar el caso, Jaimes entrevistó a los antiguos dueños de la finca La Veranera, Mitchell Montoya y Leonardo Hoyos, esto con el fin de contratar la versión entregada por el testigo Juan Guillermo Monsalve que señaló a Uribe como promotor del paramilitarismo, en la figura del bloque Metro de las autodefensas.
Presuntamente, La Veranera, una finca en el departamento de Risaralda, fue entregada como dádiva a Monsalve por su testimonio.
En este aspecto, los primeros meses de 2021 fueron decisorios para compilar la mayor cantidad de entrevistas. De acuerdo con El Espectador y Blu Radio, el fiscal solicitó la declaración jurada de 26 testigos, de los que, hasta el momento, 16 aportaron testimonios a favor del expresidente Uribe, entre los que pueden destacarse figuras como Jaime Lombana, Diego Cadena, la exfiscal Hilda Janeth Niño, el congresista Álvaro Hernán Prada, Fabio Valencia Cossio, Juan Carlos el Tuso Sierra, entre otros.
Más compulsa de copias
Desde solicitudes a la Procuraduría General de la Nación hasta requerimientos al Inpec figuraron en las órdenes emitidas por el fiscal Gabriel Jaimes, según El Espectador y Blu Radio.
En noviembre de 2020, Jaimes solicitó a la Procuraduría una copia del proceso disciplinario llevado a cabo contra el senador Iván Cepeda en el marco de las visitas que éste habría realizado a varios internos con el fin de que supuestamente declararan contra el expresidente. Cabe señalar que el senador fue absuelto por la Procuraduría de todo cargo el año inmediatamente anterior.
También decretó 28 pruebas más, en su mayoría vinculadas con los testigos claves del proceso: Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.
El requerimiento fue elevado a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Tribunal Superior de Medellín, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, juzgados de ejecución de penas, la Dirección de Justicia Transicional y los sistemas de información de la Fiscalía, con el fin de recabar información relacionada con las declaraciones que ambos habían entregado a dichas agencias y juzgados.
También gestionó otra ante el Inpec para que informara del registro de visitas a los testigos desde el año 2011. En dicha orden, el fiscal Jaimes también ordenó al Inpec verificar acerca de “privilegios o beneficios autorizados” al testigo Juan Guillermo Monsalve.
Nuevo registro sobre el proceso de Diego Cadena
En ese mismo mes, el fiscal Gabriel Jaimes ordenó una inspección contra el proceso llevado a cabo al exabogado de Uribe, Diego Cadena, también llamado a juicio por presunta manipulación de testigos.
En esa línea de investigación, el fiscal emitió una orden más dirigida al Inpec para establecer las circunstancias mediante las cuales el abogado Monsalve registró conversaciones con un reloj grabadora durante los años 2017 y 2018.
Este dispositivo, pieza clave en el expediente, aparentemente grabó una reunión entre Monsalve y Cadena, en la que éste último habría ofrecido dádivas al testigo por su retractación en el caso.
El abogado Cadena aseguró que la grabación está manipulada y señaló al abogado del testigo Monsalve, Héctor Romero, de haber entregado este aparato a su protegido.
En su afán de atar cabos, Jaimes pidió al Inpec los registros de ingreso del abogado a La Picota con la orden de aclarar si el penalista contaba con permisos especiales para el ingreso de dispositivos electrónicos al penal.
Las tarjetas sim y los equipos tecnológicos
Otro de los elementos polémicos de la compilación ordenada por Jaimes tiene qué ver con siete tarjetas sim, un computador y un teléfono celular, que se encuentran en poder de la Corte Suprema de Justicia.
Jaimes solicitó un análisis forense de estas tarjetas, incautadas al testigo Monsalve en febrero del año anterior.
Pese a que la misma Fiscalía declaró que no encontró hallazgos en dichas tarjetas, Jaimes insistió en un nuevo peritaje.
De otra parte, Jaimes solicitó la recolección del computador, el celular y los discos duros incautados a Monsalve, a lo que la Corte Suprema de Justicia respondió que eran pruebas en el caso contra Álvaro Hernán Prada.
Dejó en claro la Corte que el ente investigador ya tenía los datos hallados en el celular, por lo que si buscaba repetir los análisis podía hacerlo, pero que los elementos no saldrían de la custodia del alto tribunal.
Esta última parte de la recopilación de pruebas ha resultado en un pulso entre Corte y Fiscalía, más cuando el tiempo con el que cuenta Jaimes comienza a angostarse.
Según El Espectador y Blu Radio, el pasado 2 de marzo, el fiscal solicitó realizar copias de los elementos tecnológicos incautados a Monsalve directamente en la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema o en el despacho del magistrado correspondiente, tal y como lo había dispuesto el alto tribunal.
Durante esta puja, el fiscal solicitó información detallada de las tarjetas sim a las empresas de telefonía en el país y requirió una nueva caracterización del testigo Juan Guillermo Monsalve, a tan solo días de la sesión del 6 de marzo anterior.
Como puede apreciarse, el inventario recogido por El Espectador y Blu Radio, es parte de los argumentos que utilizará el fiscal Gabriel Jaimes para solicitar el archivo del caso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe.
De las conexiones que establezca con el material recopilado dependerá el panorama político de Colombia en el año previo a las elecciones de 2022.