“Yo lo que intervine lo hice a conciencia”: Darío Acevedo, director del CNMH, habla sobre las exposiciones alteradas, su gestión y su relación con la JEP

Darío Acevedo llegó a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica en febrero de 2019. Desde entonces, su nombre ha estado rodeado de polémica por sus posturas críticas, y públicas, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, el Acuerdo de Paz y el mismo Centro que ahora dirige. El tribunal de justicia transicional lleva un proceso en su contra para indagar su relación con otros museos y conocer si modificó los contenidos de dos exposiciones que cuentan con material hecho por las mismas víctimas del conflicto armado en Colombia. En entrevista, Infobae Colombia habló con Acevedo para conocer su versión y revisar puntos álgidos de su gestión.

¿Cuáles han sido los retos principales desde que llegó al CNMH?

En primer lugar, la resistencia a aceptar a una persona diferente al director anterior que no piensa igual sobre los problemas del país. Antes de que yo llegara derrotaron en una campaña muy fuerte a dos candidatos, primero al doctor Pacheco, un historiador santandeareno, y luego al doctor Torrijos, además a este último se le mezcló un escándalo dentro de su universidad por el título de doctor. Él tuvo que renunciar sin posesionarse. Entonces hay como una tendencia, aquí estuvimos nosotros y ahora van a destruir esto, desconociendo las lógicas políticas del cambio. Entro un nuevo gobierno y ese tenía por ley la facultad de nombrar un nuevo director. Y por mi trayectoria, porque aparte de tener mis opiniones políticas evidentes, nada ocultas, también fui profesor de la UNAL por 32 años. Entonces, primero la resistencia, segundo una serie de acusaciones infundadas en que yo negaba el conflicto armado, cuando le ofrecí una entrevista a El Colombiano diciendo que era cuestionable.

Pero usted se mantiene en esa postura de cuestionar el conflicto armado como concepto, ¿por qué?

Porque el conocimiento y la interpretación de la realidad es un tema siempre controversial y más si es un tema cultural, económico o político. Decir eso no es un tema de dogma, es un tema de orden político y jurídico con el fin de favorecer procesos de acercamiento y negociación entre el Estado y fuerzas insurgentes. Y más porque el tema principal de la ley de víctimas no es decir si hay o no hay conflicto armado, aunque yo lo acepte en todas mis intervenciones.

Pero no me queda claro… ¿cuál es la consecuencia de llamarlo ‘conflicto armado’? ¿Por qué controvierte ese concepto?

Yo no lo controvierto. Probablemente haya dicho eso en algunas columnas y en otras no. Tengo estudios, libros donde hablo del Conflicto Armado, incluso en 1996, en la ofensiva de las Farc, titule una columna ‘¿Si esto no es una guerra, entonces qué es?’ Lo que yo sostengo no es que no exista el conflicto armado, lo que digo es que eso es controversial, a nadie se le puede obligar (a mencionarlo) como si eso fuera un dogma, como si por negarlo hubiera una penalidad.

Es decir, para usted podía hablarse de guerra o conflicto armado…

Sí, se puede hablar, en sentido rigurosos. El Derecho Internacional Humanitario le asigna el nombre de ‘guerra’ a los conflictos internacionales, a los conflictos internos les llama ‘conflicto armado no internacional’. También en mis conversaciones con las Fuerzas Militares ellos acogen la definición de Conflicto Armado porque es la que más les favorece cuando son acusados de exagerar el uso de la fuerza. Jurídicamente les va mejor.

En ese punto, ¿para usted cuáles son los actores principales en el conflicto armado?

En el caso nuestro tenemos un Estado que mal que bien ha sido democrático por muchos años y sobre todo después de la dictadura de Rojas Pinilla que duró 4 años con el establecimiento del Frente Nacional. Es un levantamiento no homogéneo contra una democracia, es decir, con varias guerrillas y con grupos paramilitares, además de grupos narcos que también podrían clasificar ahí como en conflicto contra el Estado.

¿Las fuerzas militares han tenido la misma responsabilidad que los demás? ¿o por qué no los nombra como actores principales?

Lo que pasa es que las FFMM son institucionales, obedecen a un mandato constitucional en el que deben garantizar el orden, la vida y en ese sentido eran investidos, a ellos no los fundamentaban para matar gente, para arrasar pueblos, para secuestrar ni para reemplazar el poder civil. ¿Eso quiere decir que no hay responsabilidad? Sí la hay y el Estado la ha aceptado cuando hay fallos judiciales ante las Cortes internas del país. Y repara a las víctimas, las compensa, ha pedido perdón porque cuando esto pasa es por exceso de la fuerza, cuando unidades de las FFMM se salen de su rango de acción, de su responsabilidad. Es distinta la función de las FFMM a la de las organizaciones armadas ilegales. Mientras que las Farc tenían una ley que justificaba el secuestro, eso es algo condenado por el DIH.

Teniendo en cuenta que las FFMM deben proteger a la ciudadanía y que en muchos casos traicionaron esa misión, ¿no termina siendo lo mismo o incluso peor que lo que hicieron los demás?

Pero esa responsabilidad no es de las FFMM porque no tuvieron esa orientación como las guerrillas y paramilitares. Los que han encontrado culpables están en las cárceles. Por supuesto que el daño es grave. Ellos lo reconocen.

En su trabajo en el Centro da a entender que hay un pedazo de la historia que no se ha incluido, ¿cuáles son los puntos ciegos que ha encontrado?

Yo no tengo complejos adanistas de que conmigo vamos a hacer el trabajo que falta por hacer, es que son 9 ’100.000 víctimas y yo a lo que apunto es a ser más integrador de todos los sectores. Yo encontré, por ejemplo, que en el Centro se publicaron dos folletos sobre soldados víctimas del conflicto armado y de empresarios y yo creo que eso no hace justicia. En el país hubo cerca de 40 mil secuestrados, la mayoría de ellos personas que tenían algún negocio ya sea grande o pequeño que tuvieron que perder la vida, ser secuestrados, que vieron arruinadas sus fincas, entonces tenemos que prestarles atención a esos sectores que también fueron víctimas. No solo sufrieron las clases bajas o humildes, todos los sectores de la sociedad sufrieron el conflicto. Pero hay enfoques diferenciales como las mujeres, los pueblos afros, la comunidad LGBT, las etnias indígenas y los discapacitados, ellos sufrieron más porque tienen una condición distinta.

¿Qué interés específico tiene usted en las Fuerzas Militares, o qué quiere contar que no han hecho los demás?

Ellos están contemplados en la Ley de Víctimas porque han sufrido violaciones de Derechos Humanos o de crímenes de guerra. Por ejemplo, los amputados o que perdieron hasta su vida tienen familias que también son víctimas. Nosotros trabajamos con los que vivieron crímenes como las minas quiebrapata, los que fueron secuestrados por 8, 10, 13 años como el capitán Malagón que llegó hasta los 14, que fueron torturados como lo declaró la JEP. Es en ese sentido, no tengo nada que reprocharle al equipo anterior, pero eso es lo que yo no entiendo, ellos sí lo podían hacer y yo no, no es coherente.

Desde que usted llegó al Centro, a algunos contratistas que venían apoyando investigaciones y desarrollando metodologías para el CNMH desde 2011 no se les renovó el contrato, ¿no eran necesarias estas personas en temas de continuidad y seguimiento de procesos?

Eso no fue solo responsabilidad mía sino de una política de austeridad fiscal del Gobierno nacional. Nos cortaron sustancialmente el presupuesto a muchas entidades. El CNMH llegó a tener cerca de 1.000 contratistas, cuando yo llegué el ideal era llegar a 450 y nos quedamos en 330. Ahí no se tuvo ningún criterio político o ideológico para continuar o no con algunos contratistas.

Pero una parte sí fue responsabilidad suya…

Pero desde que me posicioné, porque cuando yo recibí tenía cupo para 330. En el 2019 los que me tocó contratar fueron pocos, pero ya cuando llegué en febrero no se les había renovado contrato a muchos de ellos y eso fue cuando estaba Luis Carlos Sánchez.

¿Usted cree que hay alguna campaña en su contra? Lo menciono porque en su Twitter llama a uno de estos contratistas como un “igualado”.

En una institución de esta naturaleza con temas tan controversiales no me asusto porque hay muchos que piensan distinto, pero yo nunca he tocado temas de militancia política, de religión o de sexualidad, ni siquiera con mi cuerpo directivo. Sé que hay personas que tienen otras ideas y aun así los he promocionado porque he visto su trabajo y porque son muy profesionales haciéndolo sin marcar a la gente. Aunque también hay personas excepcionales que están adentro y mantienen enviando frases o palabras hacia afuera que se sacan de contexto, y ahí es donde se empiezan los escándalos. Hay personas que confunden su rol y desconocen la jerarquía entre un director, un coordinador, un funcionario y con mayor razón un contratista. Ellos se contratan para realizar un trabajo específico, pero no tienen la capacidad de decidir, eso lo dice la ley, son trabajos temporales que pueden o no extenderse y el problema es cuando creen tener más poder que un directivo, eso tiene un límite.

Pero ellos manejan temas específicos, de cercanía con las víctimas, por ejemplo. ¿No tienen más conocimiento en ciertos temas que incluso usted como director?

No. Ellos sí pueden tener más experticia en trabajo de campo por sus estudios, y por eso en el trabajo con comunidades casi no me meto. En la Dirección de Acuerdos de la Verdad yo concluí cuatro investigaciones sobre el fenómeno paramilitar. Cuando yo llegué dijeron que yo no iba a hacer nada, que lo iba a oscurecer y he hecho más publicaciones que el equipo anterior, vamos a ajustar 11 títulos y lo hemos hecho con contratistas que vienen desde hace años.

Si se está haciendo un trabajo mucho mejor, según usted, ¿por qué tantas críticas?

Porque los temas que manejamos son objeto de controversias políticas por fuera de la entidad y que se reflejan al interior. Los grupos políticos de izquierda, derecha, de centro, quieren opinar en las víctimas. El Estado colombiano se muestra en una actitud solidaria porque este no es el principal victimario del conflicto armado, sin embargo, se está ocupando de todas las víctimas así no sean suyas, con un fin altruista y pretende sembrar en la sociedad una semilla de reconciliación, de contribución a la paz, pero aquí todo es objeto de debate y discusiones, pero nadie en el CNMH puede decir que estoy imponiendo mi punto de vista ideológico, eso lo aprendí en la universidad.

Usted dijo que el Estado ha respondido solo cuando es condenado judicialmente, pero en Colombia muchos hechos no fueron tomados por la justicia, ¿el Museo de Memoria va a hablar de ellos como un hecho así no haya fallos?

Ahí tenemos que establecer que hay un manual de redacción que fue escrito por el doctor Gonzalo Sánchez en 2016 que yo sigo. Ahí se estipula un principio de trabajo que yo respeto y sigo: la voz de nosotros, los funcionarios, directivos, agentes del Estado se debe diferenciar de la voz de las víctimas. O sea, ellas hacen una narración pero si dicen algo que no está consagrado judicialmente, eso hay que dejarlo en comillas. Eso sí se lo digo, el museo no va a ser de los victimarios porque hay gente que dice que cree que debe ser el museo del conflicto armado y no, ese es el telón de fondo, pero no es el protagonista. Las víctimas son el centro.

Se ha denunciado que usted editó varias páginas y obras realizadas por las víctimas para las exposiciones ‘Voces para Transformar a Colombia’ y ‘SaNaciones’. ¿Por qué aquí no se entrecomilló, sino que se borraron líneas?

No. Absolutamente nada de lo que hayan dicho las víctimas se borró o se modificó. Yo tengo responsabilidad directa en la exposición que se hizo en Cali de VPTAC y en la que estamos haciendo que se llama ‘SaNaciones’, que tiene que ver con la experiencia de reparación y memoria de ocho pueblos indígenas: cuatro de la Sierra Nevada de Santa Marta; tres del Putumayo y una del Cauca. La primera exposición se realizó en Bogotá, luego en Medellín, Villavicencio y en Cali, en todas se hicieron modificaciones por temas de espacio. Le hablo de metrajes: Bogotá, 1.500 m2; Medellín, 600-700 m2; Villavicencio, 40 m2; Cali, 400m2.

Esto se lo tengo que decir a la JEP, pero se lo cuento a usted. Cuando se presentó la exposición en Cali estábamos en época electoral, en ley de garantías, en elecciones regionales, (la exposición estuvo en esta ciudad del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2019, día de elecciones) yo no conocía la obra completa y en esa había un afiche de la Unión Patriótica. Nosotros en todos los actos debíamos aclarar que eso no tenía que ver con campañas políticas y a mí me entró el temor de que nos acusaran de haber participado políticamente, y ese afiche lo reprodujeron mil veces sin mi autorización. Yo lo que intervine lo hice a conciencia, en textos elaborados por nosotros mismos, es decir, por los funcionarios y contratistas, no por las víctimas. Yo asumo la responsabilidad, se sacaron de la exposición algunas cosas, se ordenaron otras que no se cumplieron y actué en el marco de mis funciones.

Entonces los textos de las víctimas no se editaron, según usted…

Yo no ordené tocar nada.

¿Y qué pasó con el afiche donde se retiró a Tirofijo?

Se retiró a Tirofijo y a otros más. Yo estuve en desacuerdo con eso, fue una discusión que hubo donde incluso se me dijo que pusiéramos la imagen chiquita.

Pero si esas cosas no las decide el director, ¿entonces quién?

El Museo tenía un director técnico. Yo me reuní con él varias veces para hablar de esa exposición y él me presentaba la idea de achicar la imagen o quitar a Tirofijo. Yo veía problemático que aparecieran víctimas y victimarios en un plano donde no había diferenciación. Y no lo digo por mi forma de pensar, sino que me parece que es negar la misionalidad del Centro, que son las víctimas, y no podemos permitir confusiones y eso se lo digo al que sea. Desde que yo sea director no voy a permitir que se ponga en el mismo plano a las víctimas y a los victimarios, pero lo que yo dije, como historiador e investigador con experiencia, ‘es que a uno le enseñan que una imagen no se modifica y la debe usar como la encontró, aunque a usted no le guste’, pero sí puede decidir si va o no va con base en unos criterios, pero estos no existían en esa época. La muestra ni siquiera estaba aprobada por el consejo directivo de la época. Sostengo eso y digo que actué de acuerdo con mis funciones.

¿Pero entonces quién hizo la modificación?

No sé quién hizo esa modificación porque cuando yo fui a ver la exposición en Cali, una de mis primeras sorpresas fue ver la imagen modificada, incluso sugerí que la imagen no fuera. Era mejor no ponerla que intervenirla, yo no sé quién lo hizo.

En ‘SaNaciones’ también le adjudican esas modificaciones…

A ver, esa exposición en razón de la pandemia había que hacerle tratamientos de presentación y también se construían con las comunidades las leyendas y los textos. Lo que nosotros decidimos es una cosa y lo que dicen ellos es otra. Nos presentaron dos textos sin ninguna diferenciación y ahí es donde surgió la discusión y es que nosotros convocamos una reunión donde asistieron seis personas y les expliqué los problemas. Y no sé por qué hacen bulla si llegamos a un acuerdo con nociones complejas como ‘larga duración’ (las víctimas relataron en ese texto que el conflicto los golpeó por mucho tiempo). No estaba claro si quienes decían eso eran los indígenas o nosotros. En nuestro caso no podemos afirmarlo porque nos ocupamos de un periodo entre 1985 y 2011 y no estamos haciendo historia, estamos trabajando memoria de víctimas, entonces dijimos que para salvar lo que ellos afirmaban eso iba entre comillas y así lo hicimos, la exposición sigue su curso.

¿Entonces no se ha eliminado nada?

No. Se han hecho correcciones minúsculas de una que otra palabra que no son conceptos como el de ‘larga duración’.

¿Y hablar de más de 30 años no es hablar de larga duración?

Es que no discutimos el asunto sino la forma de presentarlo, el quién lo dice. Nosotros somos Estado, no podemos decir cosas que no nos competen, pero si lo dice una comunidad, pues que aparezca que son ellos los que lo están diciendo. No más.

¿Qué opina del trabajo de las casas de memoria y de entidades en Bogotá como el Centro de Memoria Paz y Reconciliación?

Yo respeto mucho los trabajos de los centros privados o estatales que trabajen con memoria. A mí obviamente pues me duele que ellos se hayan sumado a algunas campañas publicitarias o propagandísticas en mi contra. Con el director del Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, José Antequera Guzmán, pues que es una víctima, también es muy difícil discutir porque él es el hijo de un dirigente comunista asesinado, además es muy de la mano de Iván Cepeda, uno de mis principales adversarios, que me citó a un debate de control político ilegal y luego me denunció ante la Procuraduría y después ante la JEP. Y con todas las PQRS de 100 preguntas que nos mandan van creando una sensación de acoso y boicoteo, y se lo dije a él y se lo volvería a decir: está boicoteando una misión del Estado con las víctimas.

Usted dijo que el Centro Nacional de Memoria Histórica se manejaba antes con un sesgo, ¿qué cosas exactamente considera parcializadas?

Los directores anteriores sí tenían una militancia de izquierda, yo no le veo problema. El problema es que hagan valer eso en la función estatal, que se inclinen más en un lado que de otro y eso se ve en énfasis de algunas publicaciones. Ellos decían que como yo pensaba diferente iba a dañar todo y sabotearlo y lo que hecho es repartirlo en el sistema nacional de bibliotecas, les hacemos incluso publicidad a lo que publicaron, entre ellos el ‘Basta YA!’, su libro insignia.

Esta semana la JEP debe terminar de inspeccionar los computadores del CNMH para conocer la relación suya con los otros museos de Bogotá, ¿cómo va eso?

Yo creo que eso es un atropello. Ya hicimos una apelación a esa medida porque la consideramos invasiva, innecesaria, ofensiva porque nosotros hemos acudido a los llamados que han hecho y ese proceso de indagación que iniciaron por demanda de Iván Cepeda no ha concluido. De hecho lo he mencionado en mis trinos, a título personal, que yo que soy el director, el responsable, no he recibido una llamada de ellos. ¿Por qué no dictaron la inspección a la exposición que dicen que yo intervine? Esa está íntegra en una bodega, ahí están todos los elementos originales desde que se hizo en Bogotá.

La JEP no lo deja tocar las exposiciones. ¿Cambia en algo teniendo en cuenta que usted dice que no las ha intervenido?

La de Bogotá está íntegra, que es la original. Las otras sí se intervinieron por lo que le expliqué. No sabemos qué va a decir la JEP y no sabemos si nos van a llamar o no. Si a mí me llaman yo voy y doy mi declaración. Pero si la JEP quiere intervenir en nuestros procesos internos, tiene que cambiar la ley y eso no ha pasado.

Quienes lo señalan, critican el uso que le da a su Twitter por exponer sus ideologías políticas… ¿Por qué decidió usar Twitter para eso?

Yo no estoy en actividad política, son opiniones. Yo no invito a votar por nadie. Simplemente tengo opiniones sobre un país que es complicado, intenso. He sido un estudioso de los problemas recientes del país y me siento tentado a opinar sobre algunas que son urticantes pero no militantes.

Pero así lo lee la gente en Twitter...

Pues yo creo que están equivocados si creen que estoy haciendo proselitismo. Durante mi gestión no hay un solo trino que pueda ser calificado de esa manera.

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