En la noche del 21 de marzo de 2020, 24 internos murieron y 107 personas resultaron heridas, entre los cuales 76 eran detenidos y 31 guardias penitenciarios. Todo sucedió cuando los guardias respondieron a un motín en la cárcel La Modelo en Bogotá.
El motín se dio pues los presos de todo el país estaban exigiendo y reclamando condiciones adecuadas para prevenir la propagación del Covid-19. En medio de un hacinamiento que superaba el 50 % y una crisis constante de derechos humanos, los internos golpeaban las rejas de sus celdas, gritaban arengas y encendían sus colchones. En La Modelo, la segunda cárcel más grande de Bogotá, la situación se salió de control: videos muestran a los reclusos con armas de dotación del Instituto Penitenciario (Inpec) y solo hasta las tres de la madrugada se restableció el orden.
A causa de que el motín se convirtió en una noche de muerte y terror, la Fiscalía y el Ministerio Público abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido y encontrar los responsables tanto del desorden social que se produjo como de los responsables de las muertes y los heridos.
Las primeras hipótesis estudiadas por las entidades y que surgieron en medio de la investigación son el excesos en el uso de la fuerza, actos contra la dignidad de los presos, torturas y hasta posibles ejecuciones extrajudiciales.
Un informe del ente acusador detalla que de los 24 presos que murieron, 23 fueron por disparos de armas de fuego y uno más por caída libre. Y entre los 107 heridos –de los cuales 76 son privados de la libertad y 33, del Inpec– hay 43 que resultaron lesionados por armas de fuego, 19 por golpes de funcionarios del Inpec, 4 por riñas entre presos y 6 por caídas, entre otros, de acuerdo con el diario de El Tiempo.
Incluso, Human Rights Watch elaboró un documento donde señaló que al analizar los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, se puede concluir que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar” y “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
En los hallazgos de la Fiscalía se determinó que los presos fueron sometidos a tortura. Por ejemplo, durante la retoma de la cárcel hubo golpes y desnudez forzada, lo mismo en el traslado a centros médicos, y tras las protestas, algunos presos fueron recluidos en celdas de aislamiento en las que les habrían pegado y les negaron atención médica.
De los 24 muertos sólo 8 se habrían presentado en hechos atribuidos a legítima defensa y en cumplimiento de las funciones de los guardias. En otros casos se habla de tiradores que desde afuera habrían disparado contra algunos de los internos, sin embargo, en estos casos la entidad decidió realizar otros resultados de balística y estudio de trayectoria de los proyectiles que se encuentran en espera. Y en un caso se indaga la hipótesis de intento de homicidio a pesar de no estar en sitios en los que hubiera un riesgo de fuga y que incluso presentaba disparos en la cabeza.
La investigación ha tenido inconvenientes pues se encontró que hubo un ocultamiento o destrucción de evidencias; también se han visto incongruencias en los registros de atención, una presunta manipulación de las cámaras de seguridad durante el motín y una presunta manipulación posterior en los videos que fueron entregados a la Fiscalía.
En cuanto a las agresiones y heridas que sufrieron los integrantes de la guardia. La investigación de la Fiscalía ya está avanzada y a punto de tomar decisiones judiciales contra personas vinculadas a irregularidades durante el control de la protesta.
Estos resultados, salieron luego de que ha finales del mes de febrero la Corte Constitucional ordenó al Inpec, la Policía, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General informar los avances en las investigaciones sobre el motín, pues pese ha que ha pasado un año la investigación se encontraba al parecer sin resultados aparentes y las familias de las personas fallecidas exigen justicia antes los hechos.
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