“Se ha desperdiciado mucha plata que hubiera servido para mejorar la vida de muchas poblaciones”, Carlos Felipe Córdoba, contralor general

Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, se convirtió en el autor de la iniciativa de la reforma de control fiscal, que comenzó a funcionar desde el 2020, y que busca hacer un seguimiento constante respecto a la construcción de obras en el país, para evitar que terceros se apropien del dinero que hace parte de los recursos públicos. A un año de la puesta en marcha del plan, Córdoba habló con el periódico El Tiempo, y evidenció los avances que ha habido en el país respecto a la lucha contra la corrupción, gracias a la estrategia que él mismo decidió crear.

De acuerdo con el relato del funcionario, en lo que va de tiempo de la activación del plan, que por estos días cumple su primer aniversario, se ha generado más de 500 alertas de presuntas irregularidades que, gracias a la rápida acción del equipo de Córdoba, evitaron la pérdida $600.000 millones al país.

Las alertas permitieron, según el contralor, “renegociar contratos donde estaban en peligro de desvío o dilapidación de recursos públicos muy importantes”, para él, de acuerdo con lo que comentó en ese medio de comunicación nacional, la iniciativa ha permitido una cercanía con el ciudadano, y un acompañamiento constante para asegurar la correcta finalización de proyectos “muy importantes para el desarrollo económico del país”.

Las cifras del contralor son alarmantes, sin embargo, según él, para que la opinión pública se haga una idea de la cantidad de dinero que se pierde como consecuencia de la corrupción, es preferible dar un ejemplo que pueda ser más ilustrativo para la población: Córdoba aseguró que con el dinero ‘refundido’ se puede financiar el Plan Nacional de Vacunación, en contra del coronavirus, unas siete veces.

“Contamos con un diagnóstico de 1.527 infraestructuras, entre proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos, por un valor de 23,1 billones de pesos. En su mayoría, ya hacen parte de procesos de responsabilidad fiscal contra alcaldes, gobernadores y contratistas que obraron con desidia y corrupción. Pero estamos rescatando esa infraestructura”, aseguró el contralor frente a uno de los baches que ponen en riesgo el desarrollo económico colombiano.

El problema de los elefantes blancos ha golpeado, particularmente, al sector de la salud, según resaltó en su entrevista Yamid Amat, comentario con el que coincidió Córdoba que, en cifras, manifestó que Cartagena y Sincelejo son de las zonas más afectadas por ese flagelo.

“Existen 102 proyectos de infraestructura hospitalaria con dificultades por valor de 778.000 millones de pesos. En todo el país se presenta esta problemática de obras inconclusas en la salud. Sin embargo, Cartagena reporta 29 obras por 122.000 millones de pesos y Sincelejo presenta rezagos en el orden de 127.000 millones”, resaltó el funcionario.

Para Córdoba, los billones de pesos pertenecientes a todos, y que han pasado a manos de algunos, han evitado el desarrollo económico del país, y ha dejado a los menos favorecidos, en esa misma posición, durante varios años, “acá se ha desperdiciado mucha plata que hubiera servido para mejorar la vida de muchas poblaciones”.

En la economía colombiana hay “un gran hueco” y, por el momento, Córdoba, y los demás especialistas que están detrás de los corruptos, “hay en curso 1.041 procesos de responsabilidad fiscal por el mal uso de $2,5 billones de regalías”.

Para el contralor, quien asegura que los culpables deberían enfrentarse a serias sanciones judiciales, “antes de pensar en más reformas penales, es prioritario hacer cumplir eficazmente la legislación vigente”, situación de la que él y su gabinete están haciéndose cargo.

La reforma tributaria también fue un tema de conversación entre Amat y Córdoba: son varias las propuestas del contralor para evitar un golpe mayor en contra de la población en una condición socioeconómica media-baja.

“Según cálculos de Fedesarrollo, al cierre de 2020 la mitad de la población estaba en situación de pobreza, y el 14 por ciento, en situación de pobreza extrema. De acuerdo con el Dane, 1,6 millones de familias pasaron de tener tres comidas al día a solo dos. Entonces, aumentar el IVA a la canasta familiar agravaría aún más la situación. Me imagino que el Gobierno está pensando en otras alternativas, como la de reducir los beneficios tributarios en el impuesto de renta”, aseguró el funcionario, entre otras modificaciones que, él dice, el Gobierno nacional debería tener en cuenta.

Para el Contralor, la reforma tributaria debe enfocarse en crear un sistema equitativo, y no en una estrategia para tapar dicho hueco, “mientras la pandemia continúe es necesario que la gente siga recibiendo ayuda alimentaria y económica. Hay que avanzar en los programas de salud, educación, servicios públicos y empleo necesarios para reducir la pobreza y para que el país recupere el ritmo de crecimiento”.

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