La senadora María Fernanda Cabal inició su agenda legislativa en el 2021 con un proyecto que despertó polémica debido a que pretende aumentar las posibilidades a los ciudadanos para portar armas de manera legal en el país, como un mecanismo de “legítima” defensa.
El proyecto, en el que está como coautora con el representante Christian Garcés también del Centro Democrático y otros simpatizantes, ha despertado los comentarios de las redes sociales y la oposición de quienes consideran peligrosa la propuesta.
Uno de ellos fue el actor Robinson Díaz, quien utilizó su espacio sabatino en el diario El Espectador para dedicarle una caricatura a María Fernanda Cabal y la propuesta de armamento que presentó al Congreso de la República.
Con el seudónimo de Picho y Pucho, retrató a quien sus seguidores identificaron como la senadora del Centro Democrático, en un bikini rojo y con pistolas en sus manos. De ella se desprende un globo que dice: “!Plomo es lo que viene, plomo es lo que hay, vagos!”.
El bocadillo de la caricatura combina la frase de un hombre, quien en una manifestación contra el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander le gritó a unos jóvenes: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”; y la puntualiza con la frase de María Fernanda Cabal a estudiantes a quienes les dijo: “Estudien, vagos”.
El bikini posiblemente hace referencia a las fotografías de vacaciones que ha publicado la senadora en sus redes sociales, siempre con prendas rojas. Una en 2018 en la que se ve sonriente en una piscina, y otras más recientes que tituló “aventuras con Polo Polo” durante un paseo con el activista uribista en Cartagena.
El proyecto de Cabal y Garcés pretende establecer una nueva regulación para el porte de armas, que elimine el permiso especial que estableció el expresidente Juan Manuel Santos durante su gobierno y que contiene más requisitos para conceder el salvoconducto.
La senadora argumentó que, tal figura redujo a los colombianos la posibilidad de protegerse con el poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado. Según ella, solo el 5 % de quienes portaban armas (unas 400.000 personas) podían hacer uso del salvoconducto, “porque además de todos tienen que pagar impuestos y no pueden usar el arma, ¿increíble, no es cierto?”, señaló.
Según ella: “Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino en las zonas rurales de difícil acceso (...). Con frecuencia vemos cómo, criminales expuestos a todo, cobran vidas de inocentes y en todos los casos hubo un factor determinante: las víctimas no tuvieron como defenderse”.
Una de las cifras dadas por Cabal es que el 99 % de los homicidios en Colombia fueron perpetrados con armas ilegales. “Quien delinque sabe que no lo hace con un arma legal y que el otro está desprotegido. El problema no son las armas en sí, sino quién las usa”, añadió.
Entretanto, el representante Garcés explicó que el objetivo del proyecto de ley es fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas, con un registro en una plataforma digital, requisitos específicos y tiempos concretos sobre su expedición y tenencia.
“Con la radicación de este proyecto le cumplimos a miles de colombianos que se vieron afectados por la medida del porte especial. De las cerca de 400.000 licencias en el 2016 pasamos a 6.000; mientras más de 2,5 millones de armas circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de delitos que se cometen tanto en las zonas urbanas como rurales”, expuso Christian Garcés.
La idea es que de ahora en adelante, “el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte ilegal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual”.
En Twitter, el representante agregó que la restricción general al porte de armas no redujo la comisión de homicidios de arma de fuego en Colombia, sino que, por el contrario, la mayoría de homicidios siguen cometiéndose con proyectil.