Comienza la segunda etapa de vacunación contra el covid-19 en las cárceles de Bogotá

El jueves 25 de febrero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio inicio a la vacunación contra el covid-19 en las cárceles colombianas: las dosis fueron administradas a los mayores de 80 años, como lo estipula el Plan Nacional de Vacunación. Ese día 35 privados de la libertad de dicho grupo poblacional recibieron la primera dosis de inmunización, luego de cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

Y a corte del pasado 19 de marzo, de acuerdo con un comunicado de prensa del Inpec, ya habían sido vacunados 437 privados de la libertad mayores de 80 años. Es por eso que en la actualidad, según el instituto, comenzó la segunda fase de inmunización en las cárceles, al menos en las de Bogotá.

En la segunda fase de vacunación en los centros de reclusión de la capital se vacunarán a quienes están tras las rejas y tienen entre 60 y 79 años de edad. En total, 643 presos que hacen parte de esta población de riesgo serán inmunizados.

En la cárcel La Picota, en la localidad Rafael Uribe Uribe, la Secretaría Distrital de Salud vacunará a 425 privados de la libertad; en La Modelo, localidad Puente Aranda, serán 155; y en la Buen Pastor, localidad Barrios Unidos, 63 mujeres, de acuerdo con el Inpec.

Desde el Inpec notificaron el registro de 82 casos activos de covid-19 en las cárceles a corte de 19 de marzo. En total 22.712 reclusos se han recuperado del coronavirus, así como 280 auxiliares del personal de custodia, 163 administrativos y 1.397 miembros de la vigilancia. Es decir, en los centros de reclusión se han recuperados 24.552 ciudadanos que han padecido el virus.

Si bien la población privada de la libertad en el país está ubicada dentro de la etapa 4 del Plan Nacional de Vacunación, junto a otras como el personal que los custodia o los prestadores de servicios de emergencia como bomberos, socorristas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, el mismo plan permite que aquellas personas que por su contexto y características aplican a dos o más grupos se inmunicen en el que tenga la priorización más temprana.

En la noche del 21 de marzo de 2020, 24 internos murieron y 107 personas resultaron heridas, entre los cuales 76 eran detenidos y 31 guardias penitenciarios. Todo sucedió cuando los guardias respondieron a un motín en la cárcel La Modelo en Bogotá.

El motín se dio pues los presos de todo el país estaban exigiendo y reclamando condiciones adecuadas para prevenir la propagación del Covid-19. En medio de un hacinamiento que superaba el 50 % y una crisis constante de derechos humanos, los internos golpeaban las rejas de sus celdas, gritaban arengas y encendían sus colchones. En La Modelo, la segunda cárcel más grande de Bogotá, la situación se salió de control: videos muestran a los reclusos con armas de dotación del Instituto Penitenciario (Inpec) y solo hasta las tres de la madrugada se restableció el orden.

A causa de que el motín se convirtió en una noche de muerte y terror, la Fiscalía y el Ministerio Público abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido y encontrar los responsables tanto del desorden social que se produjo como de los responsables de las muertes y los heridos.

Las primeras hipótesis estudiadas por las entidades y que surgieron en medio de la investigación son el excesos en el uso de la fuerza, actos contra la dignidad de los presos, torturas y hasta posibles ejecuciones extrajudiciales.

Un informe del ente acusador detalla que de los 24 presos que murieron, 23 fueron por disparos de armas de fuego y uno más por caída libre. Y entre los 107 heridos –de los cuales 76 son privados de la libertad y 33, del Inpec– hay 43 que resultaron lesionados por armas de fuego, 19 por golpes de funcionarios del Inpec, 4 por riñas entre presos y 6 por caídas, entre otros, de acuerdo con el diario de El Tiempo.

Incluso, Human Rights Watch elaboró un documento donde señaló que al analizar los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, se puede concluir que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar” y “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.

SEGUIR LEYENDO: