La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bucaramanga, Santander, Juan Carlos Cárdenas Rey (2020-2023), por la presunta expedición irregular del decreto mediante el cual se habría exonerado transitoriamente el pago de estampillas pro cultura y pro adulto mayor a algunas entidades.
Por los mismos hechos se indaga a las actuales, secretaria de Hacienda, Nayarín Saharay Rojas Téllez; subsecretaria de Hacienda, Lina María Manrique Duarte; y a la profesional especializada, Jasmín Mantilla León, quienes habrían dado el visto bueno, revisado y proyectado, respectivamente, el cuestionado decreto.
La Procuraduría Regional de Santander indaga si el mandatario estaba facultado por el concejo municipal para establecer unilateralmente una tarifa de $0 para las estampillas pro cultura y pro ancianos para el bienestar del adulto mayor, mientras se encuentre vigente el estado de emergencia económica, social y ecológica, decretado por el Gobierno nacional.
El Ministerio Pública busca determinar si la presunta exención para los contratos, modificaciones y adiciones suscritos por las entidades descentralizadas, la Contraloría, la Personería y el Concejo Municipal de Bucaramanga, con el objeto de contener y atender la pandemia, habría podido afectar los recursos destinados a los adultos mayores, una población con alto riesgo de contagio del covid-19.
Con esta indagación, el ente de control busca establecer la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
En junio de 2020, según Caracol Radio, la Contraloría de Bucaramanga reportó hallazgos disciplinarios y penales en el contrato celebrado entre la alcaldía y un reconocido supermercado de Floridablanca, La Canasta para la adquisición de alimentos que fueron entregados durante la cuarentena a miles de familias vulnerables.
Por esta denuncia, en una auditoría express del grupo de reacción inmediata de la Contraloría municipal concluyó que el alcalde de Bucaramanga carecía de la competencia para decretar la reducción a cero. Este hecho llevó al organismo a calificar los hallazgos como de tipo disciplinario y penal con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey como presunto responsable. de las tarifas de las estampillas del adulto mayor y procultura.
“Se concluye para el equipo auditor que el alcalde de Bucaramanga presuntamente carecía de competencia para decretar la reducción a $0 de las tarifas de las estampillas para el Bienestar del Adulto Mayor y la estampilla Pro Cultura teniendo en cuenta que la facultad otorgada por el ejecutivo con ocasión del estado de Emergencia, era exclusivamente para reducir, si así lo consideraba la autoridad, las tarifas de los Impuestos territoriales, que a nivel municipal en Bucaramanga lo integran el impuesto predial, el impuesto al alumbrado público y el impuesto de industria y comercio”, se lee en esa auditoría.
Además, agregan que la expedición del Decreto 121 de 2020 “de lejos es un alivio para los ciudadanos por la ‘…afectación al empleo por la alteración de diferentes actividades económicas de los comerciantes y empresarios que afectarán los ingresos de los habitantes y el cumplimiento de los compromisos previamente adquiridos’ para otorgar facultades a los gobernantes territoriales para reducir las tarifas de impuesto, se constituyó en un beneficio directo y exclusivo para los contratistas que de manera directa son contratados con ocasión de la Urgencia”.
SEGUIR LEYENDO: