EPM denuncia que empleados y contratistas de Hidroituango han recibido amenazas de muerte

De acuerdo con la compañía, las amenazas de muerte la ha recibido el personal que acompañó el procedimiento de amparo policivo de los predios Tesalia y Capitanes en los municipios de Ituango y Briceño en Antioquia, zona de influencia de Hidroituango.

“La compañía atribuye esta situación al desalojo que se llevó a cabo hace unos días en dos predios de la empresa en los municipios de Ituango y Briceño por orden de un inspector de la Policía”, afirma inicialmente la misiva de Empresa Públicas de Medellín EPM.

Asimismo, informa que los funcionarios que han sido victimas de amedrentamiento presentaron la respectiva denuncia ante la Inspección de Policía del municipio de San Andrés de Cuerquia, ubicado el porte del departamento de Antioquia.

La compañía aclaró que el procedimiento en Tesalia y Capitanes se realizó luego de agotar todas las instancias jurídicas contempladas y cumpliendo con la debida diligencia, además, indicó que este actuar contó con el acompañamiento de las entidades de control y garantes de derechos humanos que verificaron el pleno respeto y la utilización de elementos reglamentarios.

Luego de realizada dicha diligencia jurídica, frente a los dos predios de la empresa, se vienen presentando amenazas a funcionarios que adelantan sus labores en el municipio antioqueño de Valdivia. Por lo que la compañía ha tomado la decisión que a partir de este sábado 20 de marzo, la Empresa no hará actividades de manera presencial en esta localidad, hasta que se cuente con las garantías necesarias para la seguridad de sus empleados y contratistas.

Al finaliza, en el comunicado, EPM dio a conocer que rechaza estos hechos y además, hace un llamado a utilizar el diálogo y la concertación como mecanismo para llegar a acuerdos.

Acerca del amparo policivo que realizó EPM

El pasado 15 de marzo, la Gobernación notificó nuevamente un amparo policivo a once personas, que ocuparon de manera irregular el predio Capitán que pertenece a Hidroituango en Briceño, Antioquia. Por su parte, el movimiento Ríos Vivos denunció que el desalojo fue violento y sin garantías de protección para las comunidades.

En su momento, el movimiento Ríos Vivos publicó imágenes del desalojo en su cuenta de Twitter, con las que firmaron: “en medio de la violencia armada “autoridades” persiguen y desalojan a comunidades pescadoras y barequeras de #Ituango y #Briceño afectadas por #Hidroituango”.

A través de un comunicado, el movimiento relató: “En Ituango llegaron a las playas de Tesalia a desalojar a la población, la primera vivienda fue la de Juliana Sucerquia Ortiz de 17 años de edad que se encontraba con su madre adulta mayor, dos agentes de la Policía le dijeron que tenía que salir, sin mediar palabra la doblegaron maltratándola y haciendo sentir asfixiada por la presión que ejercieron con sus manos en contra su cuerpo, por la fuerza la sacaron de la zona, la dejaron adolorida y sin permitirle sacar los bienes de la familia, fue llevada al centro de salud de la obra Hidroituango. Todo esto le ocurrió en frente de la personera de Ituango Irene Legarda quien no hizo nada al respecto para defender los derechos de la menor, claramente esta funcionaria del Ministerio Público no está para proteger los derechos de los ciudadanos sino al servicio de la empresa EPM (Empresas Públicas de Medellín) para defender sus intereses y estar en contra de la comunidad.”

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Jorge Castaño, confirmó que con dicho amparo buscan proteger la vida de quienes ocupan el predio. El proceso se hizo de manera legítima, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley.

Además, el riesgo es inminente pues se evidenció que estas personas estaban abriendo socavones de minería, amenazando la estabilidad de la vía industrial sobre la que transita maquinaria pesada del megaproyecto.

De acuerdo con la Gobernación, durante el desarrollo del trámite administrativo, se garantizó plenamente el debido proceso, sin que se recibiera ningún documento, recurso, impugnación sobre el particular.

Pese a que el año anterior, 22 adultos y siete menores se acogieron al amparo policivo, el pasado jueves 21 de enero, tras visitas en terreno se observaron nuevos cambuches.

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