Defensoría del Pueblo le pide a la Corte revisar cadena perpetua contra violadores de menores

Esta semana el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le solicitó a la Corte Constitucional, exactamente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que apruebe la ley de cadena perpetua para violadores y abusadores de menores de edad que impulsó el Gobierno Duque. El funcionario agregó que buscará que la condena se pueda revisar al cumplir al menos 25 años en la cárcel y que quepa la posibilidad de tener libertad condicional.

Estas propuestas que se hicieron a través de un concepto enviado al alto tribunal buscan que la cadena perpetua no sea calificada como una condena cruel o inhumana que viole los derechos humanos. Agrega esta entidad que se deben establecer “los parámetros que hagan efectiva la finalidad resocializadora de la pena, especialmente en medio del actual estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario”.

Igualmente piden que se tenga en cuenta cómo debe ser el trato a las personas en prisión y ayudar incentivar su rehabilitación partiendo de un plan individual de ejecución de la pena “que incluya todas las garantías beneficios y subrogados penales que contemplan las reglas internacionales”. Esta ley está siendo estudiada porque algunos colectivos han impuesto demandas, como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que hablan de vicios en el trámite con el que se aprobó la ley.

Otra ley que está demandada pero por el Colegio de Penalistas de Colombia es la que sancionó el presidente Iván Duque y lideró la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, que evita la prescripción en los delitos sexuales.

Andrés Felipe Caballero, abogado litigante y miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia le confirmó a Infobae que demandarán la constitucionalidad de la Ley. “Primero es una medida populista. Lanza un mensaje a a la sociedad de esperanza, pero no tiene un efecto útil y, en lo material, resulta siendo negativo. Lo que genera es una sensación de relajamiento en las autoridades porque si muchas veces para evitar la prescriptibilidad de los delitos, imagínese ahora que tendrán toda la vida para investigarlos”. Lo mismo sostienen en relación con la cadena perpetua.

La abogada Patrón señala que el tiempo límite que se le pone a la acción penal es para priorizar los casos que estén a punto de prescribir, “ahora con esta ley, como tienes todo el tiempo, no se va a primar ninguno de esos casos, así que pueden que no se resuelvan en años”.

Caballero, por su parte, afirmó que hay algunos casos en que el ente acusador ha tomado vías alternas para evitar que los procesos culminen su paso por la justicia. “La Fiscalía ha tenido casos que declaran de lesa humanidad para que no prescriban y de esa manera ocultan su negligencia, ahora con esta ley ya no lo van a necesitar porque desde ya pueden demorarse”, además agregó que no hay ni una sola posibilidad que, por el contrario, se prioricen estos casos porque “así ha funcionado históricamente el aparato judicial” en Colombia.

Por otro lado, Miranda explicó que la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo que unificaran el proyecto de cadena perpetua impulsado por el Gobierno, pero que se negó porque creyó que iban en caminos diferentes. “Yo soy mamá de una niña de seis años y comprendo los vacíos jurídicos que puede tener la cadena perpetua y por eso le dije a Nancy Patricia que no íbamos a unir los proyectos, aunque yo voté favorable (a ese proyecto de Acto Legislativo)”, señaló.

Finalmente, frente a la demanda que el Colegio de Penalistas nacional le impondrá a la demanda, dijo que la esperaba porque “todas las leyes las demandan”, pero aseguró que, junto con su equipo, hicieron el trabajo bien y que ahí se trabajó con diferentes juristas especializados y universidades. “La Corte sabrá si hicimos bien o si no. Esperemos que la demanda no prospere”, concluyó.

SIGA LEYENDO