Senado de Colombia crea Comisión Accidental para verificar el impacto de la actividad minera en la región Caribe

Por unanimidad, en sesión plenaria del Senado de Colombia fue creada la “Comisión Accidental para realizar seguimiento y verificación a la actividad minera de carbón a gran escala en el Caribe Colombiano”, que revisará y estudiará los impactos sociales y ambientales en esta región al norte del país.

Esta comisión fue creada luego que congresistas de diferentes bancadas manifestaran su preocupación sobre las afectaciones que ha generado esta actividad en esta zona del país, sumado al anuncio del “retiro intempestivo” de los actores económicos y el despido masivo de empleados. Así como una creciente incertidumbre por parte de los pobladores, en medio de un proceso que no ha contado con un debido control institucional, aislamiento social, planeación y participación de los diferentes sectores.

De igual manera, la Comisión Accidental realizará procesos de análisis y de revisión junto con organizaciones académicas y sociales frente a los efectos que han causado los proyectos de extracción de petróleo en el Caribe Colombiano.

Asimismo, esta comisión realizará control político de las decisiones que se tomen con relación a los impactos y sobre los compromisos que ha manifestad el Gobierno nacional frente al cambio climático, de igual manera, comprobará las estrategias implementadas por el Ejecutivo al respecto de las actividades mineras en esta región del país.

Los congresistas que promovieron esta iniciativa manifestaron su agradecimiento a las universidades, sindicatos y organizaciones que han empeñado su tiempo a comunicar al Congreso los hechos que serán analizados por la Comisión Accidental.

Los parlamentarios que fomentaron esta iniciativa fueron Iván Cepeda Castro, Wilson Arias, y Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo; Feliciano Valencia, de MAIS; Gustavo Bolívar, de la Coalición Lista de la Decencia; Antonio Sanguino, Angélica Lozano y Jorge Eduardo Londoño, del partido Alianza Verde; Criselda Lobo Silva, de Comunes; y Aida Avella, de la Unión Patriótica.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) denunció, a finales de febrero, que la multinacional Cerrejón buscaba despedir a 450 trabajadores mediante una firma de abogados externa, con el fin de ofrecer un “retiro voluntario por mutuo acuerdo”, sin embargo, aseguró que de no acogerse al programa de retiro, Cerrejón procederá a despedir sin justa causa a estos trabajadores.

“Lo que sí podemos decir es que desde ya rechazamos esta pretendida masacre laboral”, indicó la agremiación en un comunicado.

Sintracarbón indicó que, al tiempo que la empresa notificaba esta decisión al sindicato, realizaba el llamado de los empleados para ofrecerles dos cifras, una de mayor cantidad en el caso que se acogieran al retiro voluntario y otra de menor cantidad si no aceptaban acogerse al mutuo acuerdo.

“Desde siempre este sindicato ha dicho que no influye, ni orienta, ni asesora, ni negocia con puestos de trabajo. Quien tome la decisión de acogerse a un plan de retiro por mutuo acuerdo que lo haga bajo su concepción personal. Por principios, Sintracarbón está instituido para defender el trabajo y los trabajadores, por lo tanto quien decida mantenerse en la defensa de su puesto de trabajo cuenta con nuestro apoyo”, indicó la agremiación de trabajadores.

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