Procuraduría archivó proceso contra el excomandante del Ejército Nicacio Martínez por ‘falsos positivos’

El pasado jueves, la Procuraduría General de la Nación anunció que, por no encontrar mérito para continuar con la indagación, se archivó la investigación contra el general Nicacio Martínez Espinel, quien se desempeñó como comandante del Ejército Nacional de 2018 hasta el año siguiente.

De acuerdo con el Ministerio Público, el tema en cuestión son las presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados de las operaciones. La Sala Disciplinaria de la entidad, después de analizar las pruebas en la etapa preliminar del caso, constató que “en ninguna de las certificaciones allegadas al proceso se puede advertir que a los generales del Ejército Nacional se les haya presionado o exigido que cumplieran unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones”, reza el comunicado de la entidad liderada por la procuradora Margarita Cabello.

La información anota que la realidad fue que el general Martínez les exigió a sus subalternos que respetaran las directrices que rigen el Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar. Ante la falta de material probatorio, la Procuraduría decidió archivar el proceso.

Martínez y los ‘falsos positivos’

La Décima Brigada Blindada, a mando de Martínez, quien tuvo una larga carrera dentro del Ejército Nacional, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Eduardo Montealegre como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”, de acuerdo lo establecido por el diario El País de España.

El diario afirma que, su brigada, la cual tuvo al mando desde 2004 y hasta 2006, fue señalada por esa administración del ente acusatorio de perpetrar al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Bajo su mirada, 23 casos de este delito a manos del Estado habrían trascendido.

Movimientos que reúnen las familias de las víctimas, entre los cuales está el reconocido ‘Madres Falsos Positivos’, incluyen al general Martínez entre los uniformados responsables por el delito. A su nombre, las pancartas de “¿Quién dio la orden?” que los colectivos instalan en las principales ciudades del país le adjudican 75 muertes extrajudiciales.

Por otro lado, el uniformado en retiro fue citado a interrogatorio a la Fiscalía General de la Nación, el pasado mes de mayo, por presunta violación ilícita de comunicaciones y utilización ilegal de equipos implicados en una red de espionaje al interior del Ejército. Por dicha investigación, se cayó el nombramiento ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).

Se aumentó el número de víctimas

El 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ en el período de 2002 o 2008, rango de investigación priorizado por el mecanismo.

“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, comentó la institución.

Los ‘falsos positivos’, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

En un comunicado, la JEP explicó que son seis los territorios en general donde se dieron la mayoría de los casos, estos son el Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Sin embargo, el 66% del total de víctimas se presentó en 10 departamentos de los 32. La priorización en este caso consiste que el Caso 03, la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de “abajo hacia arriba”.

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