“La decisión es una chambonada”: director de HRW sobre el proceso contra el general Nicacio Martínez que archivó la Procuraduría

En mayo de 2019, la Procuraduría decidió abrir un proceso disciplinario al entonces comandante del Ejército Nacional, el general Nicacio Martínez luego de que The New York Times revelara en un reportaje en el que denunciaban que habrían regresado las políticas que podían revivir las ejecuciones extrajudiciales o también llamados ‘falsos positivos’ en Colombia.

El medio estadounidense aseguró que, el alto mando ordenó a los militares que doblaran “el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)”.

Ante esas supuestas directrices, que al parecer rápidamente fueron suprimidas por el Ejército, el ente de control ordenó indagar en medio de un ambiente con casos extraños, como el del asesinato excombatiente de las Farc Dimar Torres, el 22 de abril pasado.

Sin embargo, este 18 de marzo, la Procuraduría archivó el proceso contra el general Martínez. “Luego de analizar las pruebas en la etapa de indagación preliminar, la Sala Disciplinaria de la Entidad evidenció que en ninguna de las certificaciones allegadas al proceso se puede advertir que a los generales del Ejército Nacional se les haya presionado o exigido que cumplieran unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones; por el contrario, quienes rindieron declaraciones dieron fe de que Martínez Espinel fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar”.

La decisión fue controvertida por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), y quien desde hace años le ha seguido la pista a los casos de ‘falsos positivos’ en Colombia. “Era un caso sobre los peligrosos incentivos que podían permitir el regreso de los falsos positivos. La decisión es una chambonada”, cuestionó Vivanco.

Recordó como en 2019, The New York Times y Semana denunciaron que “el general Martínez Espinel había aprobado documentos que restablecían las políticas que llevaron a los falsos positivos durante el gobierno de Uribe”.

Una razón que expone el director de HRW es que, la Procuraduría para tomar la decisión de archivar el proceso se basó en 12 testimonios por escrito de generales en servicio activo. “Quienes, como es de esperar en cualquier institución jerárquica como el Ejército, respaldan a su comandante”, explicó Vivanco.

Comenta además que, la decisión cita a supuestos expertos de una comisión designada por Iván Duque (“comisión de excelencia militar”) para investigar estas irregularidades. “La comisión está en mora desde noviembre 2019, es decir, hace más de 1 año, para presentar su informe final”.

Vivanco expone que la Procuraduría no interrogó al general Nicacio Martínez, ni analizó seriamente los documentos militares que dio a conocer The New York Times y no solicitó testimonios confiables de soldados del Ejército, que son quienes cumplen las órdenes.

La Décima Brigada Blindada, a mando de Martínez entre el 2004 y 2006, fue acusada por la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Eduardo Montealegre como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”, de acuerdo lo establecido por el diario El País de España. El diario afirmó que, su brigada fue señalada por esa administración del ente acusatorio de perpetrar al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Movimientos que reúnen las familias de las víctimas, entre los cuales está el reconocido ‘ Mafapo (Madres de los Falsos Positivos)’, incluyen al general Martínez entre los uniformados responsables por estos delitos. Su nombre aparece en las pancartas de “¿Quién dio la orden?” que los colectivos instalan en las principales ciudades del país y le adjudican 75 muertes extrajudiciales.

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