La Corte IDH reanudará el lunes 22 de marzo el caso contra la periodista Jineth Bedoya

Las audiencias se habían suspendido por una recusación del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, quien representa al Estado colombiano.

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En la imagen, la periodista colombiana Jineth Bedoya. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo
En la imagen, la periodista colombiana Jineth Bedoya. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

El 15 de marzo pasado, la primera audiencia en la que el Estado colombiano tenía que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de secuestro, tortura y abuso sexual contra la periodista Jineth Bedoya el 5 de mayo de 2000, fue suspendida.

Este jueves, sin embargo, se fijó el lunes 22 de marzo como fecha para retomar la audiencia.

Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, quien representa al Estado colombiano, recusó a los jueces y se retiró de la audiencia en mención. Lo hizo en su única intervención, luego de que la magistrada Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte IDH, solicitara su intervención.

“Las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano de justicia internacional que remitió el caso de Bedoya a la Corte IDH en 2019)”, fueron las palabras de Gómez, quien dio a entender que la Corte IDH no actuó de manera objetiva.

Pues bien, tras las palabras del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la Corte IDH comunicó:

“Ante las manifestaciones realizadas por el Estado colombiano el día de hoy en la referida audiencia respecto de la jueza presidenta Elizabeth Odio Benito y de los Jueces L. Patricio Pazmiño Freire (Vicepresidente), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Raúl E. Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique, el Pleno de la Corte ha decidido suspender la referida audiencia hasta nuevo aviso y mientras se pronuncia sobre lo que el Estado le planteará por escrito”.

Tras presentar la recusación por escrito, la Corte IDH desestimó los alegatos de Camilo Gómez y, mediante un comunicado de prensa, emitido desde Costa Rica, reprogramó las audiencias restantes para el 22 y 23 de marzo.

El día en que el Estado abandonó la audiencia algunos congresistas rechazaron lo sucedido. “Este gobierno cree que puede agredir a jueces internacionales, en este caso los de la Corte Interamericana de DDHH, como suele agredir al poder judicial en Colombia. Indignante tanta insolencia oficial”, publicó en Twitter Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo.

<b>La audiencia continuará, así el Estado colombiano no participe</b>

En entrevista con RCN Radio, la abogada defensora de Jineth Bedoya, Viviana Krsticévic, indicó que la recusación que hizo el abogado Camilo Gómez en representación de la Agencia Jurídica del Estado, no tiene sustento. Sin embargo, la decisión de la Corte IDH es un gran alivio para la defensa de la periodista.

En la imagen, el agente del Estado colombiano, Camilo Gómez (d). EFE/JUAN PÁEZ/Archivo
En la imagen, el agente del Estado colombiano, Camilo Gómez (d). EFE/JUAN PÁEZ/Archivo

En el diálogo la abogada aseguró que sin importar la decisión que tome lo representantes del Estado, para Jineth es importante continuar el proceso.

Si el Estado no se sienta, igual el proceso sigue. Hay pruebas en la etapa de la Corte, lo que falta son dos declaraciones de peritos y el alegato. El Estado haría mal en no sentarse y la Corte recuerda que muchos estados que han cuestionado a los jueces, como en Venezuela con el caso de Leopoldo López, vuelven a sentarse en la mesa y continúa el proceso”, indicó.

Frente al mensaje que recibió su cliente por parte del director de la Agencia Jurídica del Estado, para buscar una solución amistosa, Krsticévic manifestó que era presión contra su defendida:

“La carta nos dio muchísima frustración, en las cosas internacionales eso no se hace tratando de presionar a la víctima. El contenido de la carta es inapropiado, es un descaro, porque el Estado dice que el proceso se ha demorado más de 20 años y culpa al sistema judicial. No reconocen que hubo violación a los Derechos Humanos, es un manotazo de ahogado sabiendo que le iban a rechazar la recusación”.

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