La Contraloría General de la Nación declaró que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, es responsable por el detrimento de 71.671 millones de pesos por el escándalo del ‘cartel de la hemofilia’ en el que se destinaron recursos para unos pacientes que no existían.
En 2017 se conoció del escándalo en el cual se ordenaron pagos para subsidiar tratamiento de presuntos pacientes que sufrían de esta enfermedad, pero se comprobó que eran personas sanas que contaban con historias clínicas cuestionables y pruebas falsificadas. La Contraloría dijo que Lyons es culpable a título de culpa grave.
“En este caso, se realizaron pagos irregulares por miles de millones de pesos con cargo al presupuesto departamental, por supuestos pacientes de hemofilia que en realidad gozaban de cabal salud. Para perpetrar el fraude se presentaron soportes y documentos falsos como historias clínicas, órdenes médicas y exámenes de laboratorio, entre otros”, especificó el Ministerio Público.
Además de Lyons, la entidad de control declaró como culpables a secretarios de Salud, auditores, médicos, coordinadores y funcionarios de la IPS donde se llevaron a cabo estos hechos. El fallo es en primera instancia por lo que la defensa de los acusados puede apelar.
- Alejandro José Lyons Muskus, en su calidad de Gobernador de Córdoba al momento de los hechos.
- Alfredo José Aruachán Narváez, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
- Alexis José Gaines Acuña, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
- Edwin Preciado Lorduy, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
- Juan Carlos Cervantes Ruiz, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
- Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, como Coordinador del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
- Adalberto Rafael Carrascal Barón, como Coordinador del CAM de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
- Juan David Nader Chejne, Auditor Médico.
- Marcela Sofía Suárez Luna, Auditor Médico.
- Mayda Gómez Ochoa, Auditor Médico.
- La IPS Unidos por su Bienestar SAS y su Representante Legal, Guillermo José Pérez Arcila.
- La IPS San José de la Sabana SAS y su Representante Legal, Rubén Darío Guerra Gil.
Lyons apoyó información clave y fungió como colaborador en el Cartel de la toga, donde el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, fue condenado precisamente por corrupción. Ahí Lyons dijo que Moreno lo contactó pidiéndole 100 millones de pesos para ayudar con un proceso judicial. Algunos ‘clientes’ fueron, según las investigaciones, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur. Donde salió a la luz la manipulación de información y los incentivos que recibía ‘El cartel de la Toga’.
En el caso del exgobernador de Córdoba, la Fiscalía aseguró que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”.
Finalmente Lyons terminó colaborando con la DEA en su partida a Miami, Florida. En ese estado se reunió con Leonardo Luis Pinilla, abogado de Moreno y con micrófonos escondidos dijo que le desembolsaría el dinero solicitado solo si quien lo recibía directamente era Moreno, por eso Pinilla le insistió a este que volara a Florida. Finalmente Lyons le pagó el dinero al exfiscal anticorrupción en efectivo pero con dinero marcado de la DEA por lo que pudieron identificar en el aeropuerto, en su regreso a Colombia, que sí lo había recibido, así fue como semanas después se conoció el escándalo revelado por la entonces vicefiscal María Paulina Rivero.
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