Eduardo Pulgar aceptará cargos ante la Corte Suprema y está solicitando una sentencia anticipada

Sin mayor número de opciones legales que elegir, el exsenador Eduardo Pulgar asistió a una audiencia este viernes ante la Corte Suprema de Justicia en la que aceptó parcialmente su responsabilidad en delitos de tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer.

Según conoció El Tiempo, varias fuentes aseguran que el investigado le dijo al magistrado Marco Antonio Rueda que quiere ampliar indagatoria y acogerse a sentencia anticipada, y que su objetivo es “colaborar con la justicia y que se conozca la verdad se lo sucedido”.

La respuesta de la Corte Suprema de Justicia no tardó, y aceptó que Pulgar se acogiera a una sentencia anticipada, pero no le dio viabilidad a la propuesta de una ampliación de indagatoria.

El pasado 12 de febrero, el político renunció a su curul en el Senado aspirando a que sucediera al caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez, y la Corte perdiera competencia y pasara el expediente a la Fiscalía. Sin embargo, esa movida no le funcionó y la Sala de Instrucción votó a favor de mantener en su poder el proceso contra el exsenador.

Del Capitolio a la cárcel

Eduardo Pulgar, quien fue senador por el Partido de La U, pasó de ser un político anónimo en el Senado a ser el protagonista de un escándalo que lo involucra en un intento de soborno a un juez de la República.

El 1 de diciembre, Pulgar fue capturado en el aeropuerto El Dorado y, posteriormente, remitido al búnker de la Fiscalía General de la Nación, producto de una orden de captura en su contra emitida por la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de tráfico de influencias.

Daniel Coronell, columnista de ‘Los Danieles’, destapó el polémico caso que envuelve a uno de los mayores electores de la costa Atlántica colombiana. La primera columna que Coronell hizo acerca del caso se tituló ‘Pulgarcito’, publicada el 12 de julio de 2020, y allí el periodista aseguró que el senador le habría ofrecido un soborno a un juez con el fin de ayudar a sus patrocinadores.

“El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del Partido de la U, y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”, relató el periodista.

La ‘vuelta’ a la que se refiere Coronell, en la que intercede por Acosta Osío, se trataba de intentar que su amigo empresario y promotor se quedara con la universidad barranquillera y el Hospital Universitario Metropolitano, filial de la institución educativa.

Para esto, según la versión del periodista, el juez fue el que decidió grabar la conversación con Pulgar. Andrés Fernando Rodríguez Caez, oriundo de Neiva, es el exjuez que rechazó ayudar a la familia que le solicitó Pulgar.

“Si los ‘manes’ son juiciosos, si yo le digo: ‘hey, doc., esta vaina vale 200 barras’, él me dice: ‘¿a qué horas y dónde?’. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”, ofreció Pulgar, con referencia a unos 200 millones de pesos en sobornos.

Rodríguez Caez, que en ese momento ejercía como juez promiscuo municipal de Usiacurí, respondió de manera categórica al senador, rechazando la oferta. Por medio de los audios, explicó que él era un “hombre muy serio”.

“Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía: ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, sentenció el exjuez y ahora contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos en la reunión, en la cual se encontraban más personas.

De ser encontrado culpable por los delitos indagados por el alto tribunal, se estima que su pena podría ser de 12 años de cárcel. Según la ley, esta es la condena que se le sentencia a los servidores públicos que utilicen su cargo para obtener beneficios para sí mismo o para terceros. Incluso, Pulgar sería inhabilitado y no podría aspirar o ostentar ningún cargo público. En el momento que se conoció que Pulgar tenía una orden de captura, el Partido de la U decidió suspender su militancia.

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