Entre los proyectos que serán discutidos en la Cámara de Representantes durante este semestre, se encuentra la iniciativa que busca que las prácticas y pasantías sean pagas, al menos con un salario mínimo en las entidades públicas del país y cuenten con contrato.
El representante del partido Cambio Radical, Julio César Triana, radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto con el fin de que los pasantes reciban una remuneración por su labor y se termine lo que ha denominado “explotación laboral” en el primer empleo.
“No es posible que hoy los jóvenes hagan sus pasantías en alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas sin tener una remuneración para sus gastos básicos. Este proyecto busca, no solamente establecer la obligatoriedad del contrato de aprendizaje por parte de las entidades públicas cuando se trate de pasantías, sino también le genera la responsabilidad al Gobierno, en cabeza del Ministerio de Trabajo, de realizar convocatorias que permitan que las entidades públicas abran plazas para pasantías en Colombia”, señaló Triana en la radicación del proyecto.
La iniciativa también busca una ayuda para el empleo de los jóvenes y egresados de carreras profesionales universitarias. Según el representante, el desempleo en la población de 18 a 28 años es del 23% y aumentó 5 puntos porcentuales en el año de pandemia. Además, solo el 4% de quienes trabajan en la administración pública son menores de 25 años de edad.
“Los estudiantes que realicen prácticas y pasantías universitarias en los organismos y entidades de la administración pública deberán ser contratados como mínimo a través de la modalidad del contrato de aprendizaje”, se lee en el artículo 2 del texto del proyecto de ley.
En él se establece que el apoyo de sostenimiento mensual para los estudiantes que realizan pasantía, como prerrequisito para la obtención del título profesional en entidades públicas, no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente.
Así mismo, el proyecto establece que el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública deberán desarrollar, fomentar y reglamentar una política pública de incentivos para que las entidades públicas centrales y territoriales habiliten plazas y realicen convocatorias para la realización de prácticas universitarias.
Los jóvenes se han visto afectados para ingresar al mercado laboral y la contracción económica podría no entregar el mejor panorama. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE, en el último trimestre del 2020 se encontró que la tasa de desempleo de los jóvenes en Colombia estaba en un 21,6%, 5 puntos porcentuales más que en el 2019. Las mujeres son las más afectadas con un indicador de 29,8%, registrando un aumento de 8,7 puntos por encima de 2019; mientras que en los hombres aumentó 3,1 puntos y se ubicó en 15,4%.
Según Triana, aunque se establece un pago de al menos un salario mínimo al pasante, el contrato de aprendizaje por el que se realizaría la contratación no genera una carga impositiva para el empleador, debido a que esa relación contractual no debe liquidarse y solo contempla la afiliación a salud y ARL, más no pagos por concepto de pensiones, SENA e ICBF. Además, podrán reducir el monto invertido en salarios en un 130% en su renta gravable anual.
Este proyecto se complementa con la ley de pasantías aprobada en el primer semestre del 2020, con la cual se estableció que los estudiantes podrán validar como experiencia laboral las actividades realizadas en su carrera universitaria, como grupos de investigación, monitorias, así como las pasantías y prácticas profesionales que realicen.
Este proyecto cuenta con el apoyo de los representantes Aquileo Medina Arteaga, Ángela Patricia Sanchez Leal, Jorge Méndez Hernández, Cesar Augusto Lorduy, Carlos Mario Farelo Daza, David Ernesto Pulido Novoa, Ciro Fernández y otros 14 más que buscarán aprobar la iniciativa en el Congreso de la República.