Por contratos de la pandemia se han realizado 27 imputaciones de cargos en 13 departamentos

Por la pandemia del COVID-19, los procesos de contratación en Colombia cambiaron de manera radical para priorizar la adquisición de insumos para sobrellevar la pandemia. Hubo un aumento presupuestal de las compras directas en grandes superficies para brindar celeridad y mayor ejecución a las compras públicas, y se habilitó la sonada contratación por urgencia manifiesta.

La causal de contrato para contingencia de la pandemia permite que todos los bienes que se necesiten para mitigar directamente la crisis se puedan contratar sin proceso licitatorio alguno, a través de la declaratoria de urgencia manifiesta de cada entidad contratante.

Bajo esta causal se contrataron mercados solidarios, insumos de protección, materiales para medidas de bioseguridad, obras y ayudas en servicio médico para suplir la demanda. Sin embargo, contratos de elevadas cuantías comenzaron a aparecer en las plataformas con irregularidades por idoneidad, inhabilidades, sobrecostos, acaparamiento, cartelización e inexistencia de población beneficiaria.

Hasta el momento, según reporta El Tiempo, las posibles irregularidades llevaron a realizar 27 imputaciones de cargos en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés. En total, serían 13 departamentos salpicados dentro de seis mil contratos indagados que superan los 667.539.927.490 pesos.

Entre las figuras más visibles que se encuentran implicados dentro de las investigaciones se encuentran tres gobernadores: Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó; Everth Julio Hawkins Sjogreen; gobernador de San Andrés; y Florencio Rosero Peña; gobernador del Putumayo.

Ariel Palacios es investigado por un contrato por 2 mil millones de pesos con la Fundación Chocó Saludable, una empresa no idónea para el servicio prestado. Se le suspendió de su cargo, pero, por la situación del COVID-19, el Ministerio Público decidió levantar la medida en julio. De acuerdo con el medio capitalino, la Fiscalía General de la Nación acusó al funcionario ante la Corte Suprema de Justicia.

El ente acusador afirma que las firmas convocadas, pertenecientes a otras regiones, no cumplían con el perfil técnico. Frente al contrato, el mandatario “desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública”.

Con respecto a Hawkins, en septiembre, el fiscal general Francisco Barbosa confirmó la detención preventiva en lugar de residencia del mandatario por irregularidades en contratos publicitarios en contingencia al COVID-19. El contrato asciende los 500 millones de pesos y la Fiscalía argumenta que se aprovechó la urgencia manifiesta para contratación directa irregular.

El pasado mes de octubre, la Fiscalía delegada ante la Corte llevará a cabo una audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento contra Rosero Peña por la compra de 10 ambulancias por 3.460 millones de pesos en la que, según la investigación, habría incurrido en sobrecostos de 1.100 millones de pesos. También se imputarán cargos a cinco funcionarios de la gobernación y particulares por el caso.

Además, dos alcaldes se encuentran bajo medida de aseguramiento: John Jairo Pulido Pulgarín, de La Palma, Cundinamarca; y Nelson Gómez Velasquez, de Palocabildo, Tolima. Entre particulares, funcionarios públicos, contratistas y concejales, están vinculadas 88 personas en ambos casos.

Pulido firmó un contrato con Comercializadora Sumitec Karch Ltda para la distribución de ayudas en pandemia. Dentro de las investigaciones de la Procuraduría, se encontró que los alimentos de los mercados tenían sobrecostos y que hubo irregularidades en la selección del contratista en un convenio de 65 millones de pesos. El exalcalde se encuentra recluido en casa por cárcel.

El pasado 21 de mayo, Gómez fue capturado por el CTI y la Policía Nacional. El mandatario firmó dos contratos para mercados e insumos médicos con el fin de mitigar la pandemia. La denuncia, hecha por la Secretaría de Salud del municipio, recalcaba la falta de idoneidad de los contratistas y una ejecución de un contrato previa a la celebración del mismo.

De acuerdo con el medio capitalino, Francisco Barbosa, fiscal general, llevará un seguimiento cercano a los casos y evitará que funcionarios, particulares y mandatarios incurran en irregularidades “bajo la apariencia de actuar motivados en brindar suministros a la población más vulnerable y afectada”, reporta el diario.

SEGUIR LEYENDO: