Conferencia Episcopal de Colombia denuncia la grave situación humanitaria de las comunidades indígenas en Murindó, Antioquia

La Conferencia Episcopal de Colombia denunció, este miércoles 17 de marzo, la compleja situación humanitaria que padecen las comunidades indígenas que habitan en el municipio de Murindó, al nororiente del departamento de Antioquia.

Durante una rueda de prensa expusieron las conclusiones de una misión humanitaria que se llevó a cabo en este municipio entre el 7 y el 11 de marzo por parte de una delegación de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Cabildo Mayor de Murindó, la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomaica) y la Coordinación Regional del Pacífico.

Estas delegaciones pudieron evidenciar que tanto las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han cometido graves violaciones al derecho internacional en su disputa por este territorio visto como un corredor estratégico.

Debido al enfrentamiento y la presencia de estos grupos armados, las comunidades indígenas han sido víctimas de desplazamientos forzados, confinamiento, amenazas a los líderes y a las comunidades, reclutamiento de menores y perdida de la autonomía de su territorio.

De igual manera, denunciaron que el ELN obligó a las mujeres y niños de la comunidad de Turriquitadó Alto a desplazarse luego de instalar en su presencia minas antipersonal frente a la escuela y en las viviendas, por estos hechos, cerca de 140 indígenas abandonaron sus territorios, sin embargo, cerca de cuatro familias se encuentran confinadas e incomunicadas debido a que no pudieron desplazarse.

Asimismo, las delegaciones señalaron que las AGC han amenazado a miembros de esta comunidad porque los consideran colaboradores del ELN.

A su vez, constataron que la comunidad de la Isla vive en una angustiante situación de confinamiento debido a las minas antipersona instaladas por la guerrilla, de las que fue víctima un niño de 12 años el pasado 28 de febrero.

Según el comunicado de las delegaciones, el ELN ha perpetrado algunos asesinatos selectivos y ha amenazado a miembros de esta comunidad en los últimos dos años, asimismo este grupo ha realizado amenazas de desplazamiento sobre la mayoría de las comunidades indígenas que habitan en este municipio.

“Preocupa grandemente que las AGC se muevan con mucha libertad en el territorio y actúen en connivencia con miembros de la Fuerza Pública. Esta situación ha sido una constante en los últimos años y se ha hecho de manera muy visible en toda la cuenca del río Atrato”, señalaron las delegaciones, que manifiestan que por esta razón los ciudadanos sienten desconfianza e inseguridad por la “alianza” entre los actores armados ilegales y los agentes del Estado.

En ese sentido, las delegaciones exigen la intervención del Estado en esta región para garantizar los derechos sociales, el desminado territorial, la ayuda humanitaria urgente y la protección colectiva de las comunidades indígenas que habitan en esta zona para que puedan disfrutar de sus “entornos culturales”.

A su vez, exigieron el distanciamiento total de los miembros de la Fuerza Pública con los actores armados ilegales con el fin de afianzar la tarea de protección de los habitantes.

“A todos los organismos del Estado, incluyendo el Gobierno nacional, la gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Murindó, y los organismos de control y judicialización se les exige el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales que se viven en la región”, concluyeron las delegaciones.

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