Adelantan investigación en Villavicencio por presunta corrupción en contratación del PAE

El consorcio ganador habría falsificado un documento para obtener más puntos y quedarse con el contrato.

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Credito: Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación continúa revelando problemas con la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país. La entidad anunció que está investigando irregularidades en la adjudicación de este plan en Villavicencio, capital del Meta, porque aparentemente el consorcio Alimentación Infantil Villavicencio 2021, firma responsable de proveer la comida en ese territorio, se quedó con el contrato haciendo uso de documentos alterados.

Para adjudicar este tipo de contratos se tiene en cuenta cuál de las propuestas presentadas tiene un mejor puntaje, de acuerdo a un sistema establecido por la Nación. Este método tiene en cuenta una serie de variables, incluso si dentro de la empresa o consorcio que la presenta trabajan personas en condición de discapacidad, ítem en el que presuntamente Alimentación Infantil Villavicencio 2021 mintió.

Aparentemente el ganador habría presentado un documento alterado del Ministerio del Trabajo (MinTrabajo) que indica que, dentro del consorcio labora una persona en condición de discapacidad con el fin de obtener un punto extra que le ayudara a quedarse con el contrato. La Procuraduría está investigando si esto es cierto y, en caso de que lo sea, determinar si MinTrabajo expidió el documento siendo consciente de la situación y si la Alcaldía de Villavicencio realmente no sabía que este era falso.

“Si se presentó falsedad en los documentos y cualquier otra actuación irregular o ilegal que haya implicado un fraude procesal, instauraremos la denuncia penal correspondiente”, aseguró Ivonne Paola Ubaque Galán, secretaria de Educación de Villavicencio.

Mientras avanza la investigación, la Procuraduría ya emitió alertas preventivas a los organismos competentes para que vigilen el proceso. La Personería de Villavicencio está vigilando el caso y solicitó a la alcaldía municipal suspender el proceso contractual del PAE a raíz de estas denuncias.

De igual forma, la Contraloría General de la Nación también hace parte de esta indagación porque el PAE se financia con recursos del Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participación y el Presupuesto General de la Nación. En Villavicencio, solo para este 2021, el contrato que fue adjudicado al consorcio ganador fue de 6.668 millones de pesos, para que entregara raciones de alimentos a 46.553.

Cabe mencionar que, a pesar de que el contrato fue adjudicado aún no ha iniciado su ejecución, lo que también representa un problema en la ciudad, pues este debía haberse puesto en marcha desde hace varias semanas. Por este hecho, la Procuraduría ya había enviado un requerimiento al ente territorial para que argumentara por qué no se ha implementado el PAE en el territorio y se indicara una fecha tentativa para iniciar la entrega de raciones.

Posteriormente, la Contraloría también llamó la atención de las autoridades de Villavicencio por este hecho. Además, la entidad aprovechó para revelar que de 5.600.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país que deberían estar beneficiándose con el PAE, 528.000 aún no tienen acceso al servicio.

Los órganos de control reiteraron que, es importante ejecutar la estrategia para evitar la deserción escolar, factor que preocupa a las autoridades. Hasta el 3 de diciembre del año pasado, en el país 158.000 niños y niñas desertaron de sus estudios, según indicó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

Además, es vital que se haga ejecute y se haga el reporte del PAE a tiempo, porque de lo contrario esto puede generar recortes presupuestales para los próximos años.

“Es muy importante que las ETC reporten e inicien oportunamente el PAE, pues de no cumplir con los tiempos, puede implicarles que la Unidad “Alimentos Para Aprender” realice recortes en sus asignaciones presupuestales de la siguiente vigencia, independiente de las acciones fiscales que pueda adelantar la Contraloría General. Los recursos públicos y en este caso de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, aseguró la Contraloría.

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