Johana Bahamón en el Congreso: radican proyecto que llevaría su nombre

Un proyecto que une a los polos opuestos, la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, y su compañero Edward Rodríguez, del Centro Democrático, cuenta con la firma de Johana Bahamón, por lo que ella asistió al Capitolio para el acto protocolario de radicación.

Bahamón, que por más de 10 años ha enfocado su trabajo y su vida en la resocialización y búsqueda de oportunidades para la población postpenada, impulsa, junto a varios congresista, un proyecto de ley que busca incentivar la contratación de las personas que salen de la cárcel.

El proyecto que tiene el sobrenombre de ‘Ley Johana Bahamón’, por ser impulsado por su fundación, busca crear la marca ‘Segundas Oportunidades’ para identificar aquellas empresas que se acojan a la contratación de población ex carcelaria y que recibirán beneficios por permitir esa reconciliación social.

De acuerdo con los autores del proyecto, este contempla beneficios tributarios y económicos para las empresas que permitan la contratación de personal pospenado y faciliten la reinserción de los centenares de hombres y mujeres que han cumplido sus condenas y buscan reincorporarse de nuevo a la sociedad.

“La ley tiene por objeto crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral y a la formación para el trabajo para personas provenientes de población postpenada, mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y otros que, impacten positivamente la estructura de costos de las empresas con relación a la contratación de este tipo de talento humano”, afirma el texto del proyecto en su artículo 1.

La ley busca que toda persona que haya quedado en libertad después de cumplir la pena, tenga permiso de trabajo o cuente con suspensión de la condena encuentre oportunidades laborales, a través de otorgar beneficios a las empresas dispuestas a su contratación.

En ese sentido se creará la marca Segundas Oportunidades, como un sello distintivo para aquellas empresas que cuenten con al menos un empleado postpenado o uno de sus miembros directivos pertenezca a esa población. Si lo despide o renuncia, se retirará la categoría.

Además, el Sena y el Ministerio de Industria y Turismo deberán reglamentar un procedimiento de acompañamiento y asesoría que establezca una ruta para los emprendimientos de las personas postpenadas.

El beneficio económico establece que las empresas que tengan de 1 a 3 trabajadores, realizarán los aportes correspondientes al Sena, ICBF y cajas de compensación en un 75% durante el primer año gravable por los trabajadores; si cuentan con 4 a 6 se reducirá al 50% en el primer año y al 75% en el segundo; de 7 a 9 se reducirá al 25% en el primer año y aumentará 25% cada año gravable hasta completar el 100%, al igual sucederá en el caso de más de 10 trabajadores postpenados donde la reducción del primer año será del 5%.

Es decir, que según el proyecto, el descuento en los pagos de aportes a las entidades mencionadas se extenderá más en el tiempo de acuerdo a la cantidad de personas vinculadas a la compañía. Pero finalizará en el segundo o el correspondiente año gravable en que se complete el 100%, aumentando progresivamente en un 25% cada año gravable.

El impuesto a la renta también podrá ser reducido, si la empresa contratante financia en un 75% o 100% el valor de un programa de estudios técnico, tecnológico o profesional. Podrá reducir el gasto del ingreso constitutivo de renta por el mismo valor en el caso del 75% o por el 110% en el caso del segundo porcentaje.

Si la beneficiada con la financiación del programa es mujer, podrán reducir el valor de la carrera en un 100% del impuesto de renta, en caso de financiar el 75% del programa, y podrán reducirlo en un 125%, en caso de financiar el 100% de la carrera.

Según Johana Bahamón, la ley permitirá desestigmatizar y generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad.

Por su parte, la representante Katherine Miranda aseguró que el proyecto de Segundas Oportunidades es un paso en la dirección correcta para una verdadera rehabilitación, y para que los individuos que ya cumplieron sus condenas puedan ingresar a un trabajo que les permita recuperar la vida en familia.

Para el congresista Edward Rodríguez, es claro que se necesita este tipo de leyes que no solo facilitan el reintegro a la sociedad de miles de colombianos caídos en desgracia por haber cometido algún delito, sino que permitan combatir el fenómeno de la reincidencia.

Una problemática que, de acuerdo con las estadísticas, de de los miles de presos que hoy se encuentran en las cárceles de Colombia, los que más delinquen están en un rango de edad entre 25 y 29 años, de los cuales la mayoría no ha terminado el colegio. Mientras que los que tienen educación técnica, tecnológica y profesional tienen menor probabilidad de caer en acción criminales.

Junto a Bahamón, Miranda y Rodríguez, el proyecto es acompañado por los representantes Yenica Acosta del Centro Democrático, Ángela Sánchez y Carlos Alberto Cuenca de Cambio Radical, Alejandro Chacón y Jhon Jairo Roldán del Partido Liberal, Martha Patricia Villalba y Norma Hurtado de la U, Juan Carlos Wills del Partido Conservador, Aida Avella de la Unión Patriótica - Colombia Humana, Germán Navas del Polo Democrático y Luis Alberto Albán de Comunes.