Con la intención de reducir estos crímenes así como dar captura a los autores intelectuales y materiales de estos hechos, el Senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, informó que hará la radicación de este proyecto luego de la apertura de las sesiones mixtas del Congreso de la República.
Congresistas de oposición estamos proponiendo modificar el Código de Procedimiento Penal, la ley 906 de 2004, para seguir las recomendaciones que ha hecho Human Right Watch, y adoptar medidas para que haya una investigación y se judicialicen las conductas que atentan contra los defensores de derechos humanos y quienes firmaron la paz y están siendo asesinados
El Senador Cepeda señaló que dicho proyecto contará con tres medidas concretas para evitar la impunidad de estos crímenes: “Atañe fundamentalmente al principio de oportunidad y otros beneficios, para que a través de ese mecanismo se pueda identificar claramente no solo quienes cometen esos crímenes en forma material, sino sobre todo a quienes los ordenan”, señaló.
Es éste último punto el que preocupa a Cepeda dado que “es realmente el problema esencial, porque las investigaciones que han hecho la Fiscalía y demás órganos de control no terminan dando con las responsabilidades intelectuales, que son las verdaderamente determinantes en este caso. El poco avance en las investigaciones sobre las estructuras que están detrás facilita que estos hechos se sigan cometiendo”.
Cepeda, quien se ha caracterizado por la defensa férrea de los Acuerdos en el campo de los derechos de líderes sociales, señaló que su iniciativa busca la reforma del Código Penal vigente para “que la investigación que se hace desde la Fiscalía pueda llegar a la responsabilidad de quienes ordenan estos crímenes”.
Cepeda, quien se ha caracterizado por la defensa férrea de los Acuerdos en el campo de los derechos de líderes sociales, señaló que su iniciativa busca la reforma del Código Penal vigente para “que la investigación que se hace desde la Fiscalía pueda llegar a la responsabilidad de quienes ordenan estos crímenes”.
Las cifras varían, pero las muertes continúan
Depende de quien establezca el conteo en términos de años, o de víctimas, las cifras de líderes sociales asesinados cuentan distintas versiones de los hechos que enlutan al país en los últimos años.
Por ejemplo: para la Defensoría del Pueblo, entre 2016 a 2020 son 753 defensores de derechos humanos asesinados.
En cambio, los registros del ahora Partido de los Comunes solo cuentan a sus excombatientes en ese mismo periodo de tiempo: caídos por homicidios, afirma la colectividad, son 259.
Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 2021 es un año al que hay que prestar atención dado que hasta febrero son 73 el número de víctimas de masacres, asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc en Colombia en lo que va corrido del año.
Indepaz llegó al detalle de señalar que 42 personas perdieron la vida en las 12 masacres que han ocurrido en el país; además, han sido asesinados 22 defensores de derechos humanos y 9 exguerrilleros.
Para el Gobierno Nacional otras son las cifras de asesinatos en 2020: fueron 66 casos en el año de la pandemia; pero 63 más hasta diciembre permanecían en proceso de verificación, de acuerdo con el balance realizado por la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
Ante la disparidad de datos, ha sido el mismo Gobierno Nacional el que ha señalado que los inventarios por las muertes de líderes sociales y excombatientes en Colombia es, ante todo, “un problema de metodología”.